Por Rolando Tobarez / Twitter: @rtobarez
Tres fiscales de Trelew acusaron a una jueza por presuntas ofensas gravísimas para los afectados por un caso de estafa. Se trata de Omar Rodríguez, María Tolomei y Marcos Nápoli. En una nota elevada al Superior Tribunal de Justicia aseguraron que la magistrada Ivana González les advirtió: “Yo a las víctimas me las paso por el quinto forro de las bolas”. Era referencia a la investigación sobre una familia de gitanos, acusados de estafas reiteradas, coacción y asociación ilícita en la venta de vehículos. Por el caso están presos Roberto Nicolás y Patricia Sendin. Imputados pero libres, Guillermo y Emiliano Nicolás.
La escena de la presunta frase ocurrió el 23 de mayo. Los fiscales habían ido a la mesa de entradas de la Oficina Judicial para informarse sobre el expediente. Les ofrecieron un espacio donde leer la actuación y en ese momento ingresó la jueza.
“Desde la puerta intentó discutir cuestiones atinentes al caso –relataron sobre la magistrada-. Ante nuestra negativa y visiblemente afectada, efectuó manifestaciones insultantes hacia las víctimas, a toda voz y frente a los presentes, que entendemos necesario reproducir de la manera más fiel posible por la gravedad que revisten hacia nuestra investidura y principalmente por el lugar que una magistrada de la provincia ha dado a la persona de cada una de las víctimas de un caso que estuvo sometido a su decisión”.
Cuando Nápoli le advirtió a la jueza que “no podía decir eso porque había gente que había sufrido mucho”, ella insistió: “Si quieren arengar que arenguen, igual lo que vayan a decir al diario me lo paso por el quinto forro de las bolas”. De acuerdo a la nota elevada al STJ, “tales comentarios nos dejaron estupefactos”. Los fiscales se fueron de la Oficina Judicial.
La presentación definió el episodio como “una gravísima afectación al decoro por lo que significaron las palabras ofensivas a las víctimas en un caso sometido a su decisión”. Sus dichos “no pueden escindirse de su preconcepto sobre los damnificados a quienes afectó en su dignidad”.
Se quejaron de una audiencia en particular, que González “abandonó intempestivamente” y los obligó a repetir el trámite.
Ocurrió el 16 y 17 de mayo. “Fiscalía se vio exigida por el juez (González) insistentemente y en cada caso a dar minuciosas explicaciones sobre todos los hechos, aún los que ya habían sido objeto de apertura, con llamativo interés sobre las circunstancias personales de los denunciantes -absurdas en esta instancia- sobre la nacionalidad de las víctimas, si eran bolivianos, paraguayos o nativos de la zona; lugar de residencia -si vivían en el campo, en Puerto Madryn, en Gaiman, Dolavon o Trelew- y otras circunstancias personales –edad, instrucción, etcétera-”.
Se leyeron y explicaron 23 de los 30 hechos totales. “Las preguntas que realizaba la juez de manera oficiosa y sin intervención alguna de la defensa fueron contestadas por Fiscalía, aún en el entendimiento de que resultaban impertinentes (..) Advertíamos que el interrogatorio traslucía una mirada prejuiciosa porque prescindía por completo de la prueba que debía producirse en la investigación”.
Al llegar al hecho 23, Fiscalía reiteró su cuestionamiento por este procedimiento pero no recusó a González. “Es que a pesar del prejuicio que mostraba la jueza, era indispensable evitar todo retraso en las decisiones judiciales que debían adoptarse, principalmente la libertad de los imputados”.
Pero la jueza interpretó que al cuestionarla, los fiscales la recusaban. Se excusó y se fue de la audiencia invalidando todo lo leído. No resolvió nada sobre las prisiones preventivas.
Los fiscales aseguraron que la magistrada generó su propio apartamiento “con sus explicaciones prejuiciosas y discriminatorias hacia víctimas e imputados”.
“Su decisión y la forma de llevarla a cabo provocaron graves perjuicios a los justiciables y al proceso”, aseguraron.
Los dichos de González “dejaron en evidencia una mirada discriminatoria hacia las personas, en función entre otros motivos de su nacionalidad, y prejuiciosa a victimas e imputados. Significaron un evidente prejuzgamiento del caso”.
La Oficina Judicial salió a buscar juez subrogante. El defensor Fabián Gabalachis se vio obligado a presentar un hábeas corpus para que alguien decidiera sobre la detención de sus clientes, ya que el plazo de la preventiva estaba vencido. “Se intentó notificar a Mirtha Moreno, sin éxito, lo que generó desaveniencias entre la Oficina Judicial y los jueces del Colegio”, revela la nota. A última hora de esa tarde asumió García, quien convocó a una audiencia que inició a las 21 y duró hasta medianoche.
Las víctimas fueron citadas para explicarles qué sucedía. Decidieron que si la jueza seguía, la recusarían por “el prejuicio” de sus interrogatorios. Se produjo un cruce de recusaciones, excusaciones y rechazos.
En el origen del caso, el 8 de febrero se había dispuesto la apertura de investigación preparatoria por 9 hechos contra Mónica Patricia Sendin, y Roberto, Emiliano y Guillermo Nicolás. La defensa recusó al juez César Zaratiegui, pero fue confirmado. Se dispuso la prisión preventiva por tres meses.
Debido a un habeas corpus de la defensa de Emiliano, el Superior ordenó repetir el debate por su prisión preventiva con un juez subrogante y dispuso un sumario administrativo, sin aclarar a quién. Del caso de Emiliano se hizo cargo la jueza González, quien interpretó que ordenar un sumario significaba apartar a Zaratiegui. Aunque el STJ no lo había dicho, la jueza estimaba que debía quedar a cargo de todo el expediente y no de un solo imputado.
Mientras, Fiscalía decidió agregar a la causa otros 14 hechos de estafa. Pero González lo impidió y limitó la audiencia a discutir la prisión preventiva basándose sólo en los hechos originales, no los nuevos. Sustituyó la prisión preventiva por la obligación de presentarse a firmar tres días a la semana ante la Oficina de Control y la prohibición de acercamiento y contacto con las víctimas.
Según la nota de los fiscales, el STJ nunca ordenó apartar a Zaratiegui y había pedido otro juez subrogante pero sólo para el caso de Emiliano Nicolás. “Nada dijo de los alcances del sumario que habría ordenado instruir”.
Los trámites seguían, el tiempo pasaba, los imputados seguían presos y Fiscalía pedía audiencias para ampliar la investigación y entregar a las víctimas 13 vehículos secuestrados.
“A la fecha no logramos destrabar cuestiones que llevan meses de pedidos de audiencia”, denunciaron los tres fiscales.
“El caso resultó una suma de decisiones judiciales inexplicables, muchas veces irrazonables, contradictorias y fuera de toda previsión legal”. Estas idas y vueltas “sin duda afectaron de forma negativa” la garantía de contar con un juez imparcial.
En un proceso cuya etapa preparatoria se inició hace cuatro meses “aún hoy no conocemos con certeza quien ha de ser el magistrado que asuma, de manera imparcial e independiente”.
Esta indefinición -reclamaron en su elevación- impidió decidir puntos clave: las prisiones preventivas, la entrega a las víctimas de los vehículos secuestrados y la concreción de medidas de investigación.
“Se pierde energía en trámites absurdos”
Según la nota de los fiscales elevada al procurador general Jorge Miquelarena, que a su vez informó al presidente del STJ, Alejandro Panizzi, “quedaron al descubierto graves problemas con consecuentes afectaciones a garantías fundamentales del debido proceso, la tutela judicial efectiva y la defensa en juicio”.
Los fiscales Tolomei, Rodríguez y Nápoli advirtieron que además de los problemas para definir qué juez se hará cargo del caso, “la contracara es el apartamiento infundado de magistrados (por González) con invocación de supuestos sumarios sin corroboración alguna de su iniciación”.
También denunciaron “la ausencia de reglas claras” para determinar las subrogancias de los jueces y la realización de “interminables audiencias con requisitos nunca antes exigidos”.
Revelaron audiencias “cuya fijación y duración dependen exclusivamente del arbitrio del juez, hasta altas horas de la noche, por fuera de toda agenda y razonabilidad desde el punto de vista de la concentración y capacidad humana efectiva de intervenir adecuadamente en el caso, tanto de profesiones como de imputados y víctimas”.
Deficiencias
“Se evidenciaron serias deficiencias en el servicio de justicia en tanto personas privadas de la libertad debieron transitar por un laberinto para lograr que hubiera pronunciamientos judiciales sobre el mantenimiento o no de la privación de libertad que sufrían”, reclamaron, al tiempo que agregaron la “perdida de energía y de tiempo de las partes en trámites absurdos en lugar de concentrarlos en actividades propias de investigación”. También “el desgaste a las víctimas y el perjuicio a su patrimonio en relación con la espera de decisiones judiciales que nunca llegan”.
“Las irregularidades en la tramitación de este caso resultan de gravedad institucional y deben ser conocidos por el procurador general y por el Superior Tribunal de Justicia a los fines del ejercicio de su Superintendencia”.
Esto implica desde el archivo del reclamo, hasta sanciones administrativas o llevar a la jueza al Consejo de la Magistratura.
La visión de Miquelarena
Al elevar la nota al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Panizzi, el procurador Jorge Miquelarena consideró que del relato de los tres fiscales “se desprende una grave situación, que atenta contra una recta y eficiente administración de justicia penal, lo que me lleva a solicitar vuestra intervención a fin de que se adopten las medidas que se estimen pertinentes para volver a cauce la gestión judicial del caso”.
La denuncia de los investigadores de Trelew contra la jueza Ivana González, “es de una gravedad institucional pocas veces vista en nuestros tribunales, de los que en alguna medida todos quienes constituimos la cabeza del Poder Judicial estamos llamados a controlar”.
Sobre las “manifestaciones impropias” de la jueza, el procurador subrayó: “Oscurecen aún más el estado de cosas en un caso que es de máxima prioridad tratar regularmente por la multiplicidad de víctimas involucradas”.
“Un juez de Chubut haciendo estas manifestaciones, denotando ese ánimo y espíritu juzgador, implica sencilla y claramente revictimizar a quienes ya sufrieron el impacto del delito en sus vidas, dejándolos en situación de absoluto desamparo”.
El caso, por su complejidad y volumen, obliga al uso de “importantes recursos de investigación” por parte del MPF. Pero este trabajo “se ve resentido por el conjunto de recusaciones y excusaciones de los jueces intervinientes, lo que llevó a que a cuatro meses de efectuada la apertura de la investigación no se cuente con un juez natural, lo que impide solicitar medidas de investigación que requieren autorización y entregar a las victimas los vehículos de los que fueron despojados ilegalmente”.
“Las demoras, dilaciones y dificultades de esta naturaleza generan siempre un perjuicio para el ejercicio de la acción penal, en detrimento de la justicia en tiempo razonable”.
Según Miquelarena, “se violenta el derecho de las víctimas a que el caso que traen a la justicia obtenga una pronta y efectiva resolución”.
Por la “honda preocupación” que le causa el tema, al procurador pidió “enfáticamente” que el STJ le informe qué decisión tomará.# fuente diario jornada
