Río Negro: grave denuncia por publicidad oficial
Un “arrepentido” describió significativos montos y llamativos mecanismos de contratación entre una productora televisiva y el gobierno rionegrino. Asegura que buena parte de los contenidos no se emitieron aunque se pagaron.
29 JUL 2016 - 00:00
REDACCIÓN CENTRAL -
Una posible defraudación a la administración pública rionegrina con la asignación de pauta publicitaria es investigada en Viedma a partir de una denuncia penal, que originó ayer un primer allanamiento.
La acusada es la productora de televisión Antaxus SA, empresa con sede central en Trelew, Chubut, y oficina en Viedma. Sus dueños son propietarios del diario Jornada y emisoras de radio. La presentación pone el foco en el vínculo entre un gerente de la firma, Nicolás Humphreys, y el secretario de Medios de la provincia, Guillermo Campetti.
Señala graves irregularidades en la contratación de publicidad por parte del gobierno rionegrino durante cuatro años hasta el presente. Una gran porción de esos contenidos directamente no habrían sido emitidos pese a haber sido certificados “con documentación fraguada” y abonados. En la denuncia se señala además que en los últimos años se pactaron montos mensuales de publicidad que dieron un salto significativo en la campaña del gobernador Weretilneck.
El denunciante, Juan Carlos Jutton -empleado de Antaxus- iba a realizar su presentación bajo la modalidad de identidad reservada pero decidió a último momento hacerlo con nombre y apellido, reclamando protección para su grupo familiar ante posibles represalias. Juan Pedro Puntel, a cargo de la Unidad Fiscal Temática 1, fue quien tomó la declaración el miércoles por la tarde.
Ayer se dispuso el allanamiento de las oficinas de la firma y no se descarta el pedido para que se realice similar procedimiento en Trelew vía exhorto y, eventualmente, la Casa de Gobierno.
La maniobra denunciada
Según la denuncia, el gobierno rionegrino contrataba a través de Antaxus espacios publicitarios en Canal 3 de Viedma (Supercanal) y en el cable BTC de Bariloche. No obstante, los contenidos hacia el destino cordillerano “no se emitían pero sí se pagaban”.
Detalló Jutton un llamativo, informal, mecanismo de contratación publicitaria y movimiento de la documentación.
Relató que Campetti y Humphreys (gerente y apoderado de la firma) “acordaban los montos” de la publicidad. Concretamente, Campetti “le daba la orden a la funcionaria Silvia Eugster, quien emitía las órdenes de publicidad conforme los montos que Campetti le fijaba, las cuales metía luego en un sobre y se las daba a Rubén Lahournere”, empleado de Prensa, y éste último “se las alcanzaba (a Jutton) a la oficina de Laprida 377 de Viedma”. Una vez en la oficina de Antaxus, el denunciante “escaneaba las órdenes y las remitía a la casa central de Trelew, en Paraguay 33, vía mail”. Iban “con destino a Román Pirola, de facturación”. Igualmente, enviaba los documentos Vía Cargo a la Terminal de Ómnibus de Trelew, “a nombre de Bechietti y/o Galdames. Una vez que Pirola recibía las órdenes, las facturaba y le enviaba factura junto a la certificación del servicio de publicidad y la nota para solicitar a la Secretaría el pago del servicio”.
Aquí surge otro hecho de gravedad. Pues Jutton -el denunciante- es quien firmaba las certificaciones y las notas como si fuera Humphreys; es decir, falsificaba su firma, y entregaba la documentación a Lahournere en la propia oficina de la firma (aunque a veces la llevaba a Casa de Gobierno).
Refiere la denuncia que las órdenes eran emitidas por sumas de 100.000 pesos duplicados (para Viedma y Bariloche), “pero que se incrementaban en épocas de campaña” hasta 400.000. “Río Negro” pudo saber que en los últimos meses hubo incluso órdenes por $200.000 quincenales.
Las contrataciones de publicidad oficial “correspondientes a Educación, Horizonte, Viarse, Tren Patagónico y Lotería” se hacían por determinado valor para emisiones en Viedma y por otro monto equivalente en Bariloche. Pero en esa última ciudad no había oficina ni personal de Antaxus. “Sí en un principio hubo emisiones a través del canal de cable BTC”.
Menciona Jutton que el presidente de la productora es Fernando Gadano, a quien le adjudica una comunicación de tono intimidatorio antes de la denuncia.
No le consta a Jutton que los funcionarios de la Secretaría de Medios supieran que la publicidad contratada en Bariloche no se emitía, pero “debían saberlo”, al igual que los directivos de la firma en Trelew.
Añadió un dato inquietante: “En una ocasión, Nicolás Humphreys me dio un sobre y me dijo: ‘Dáselo a Cacho (por Rubén Lahourmere) para que se lo dé a Campetti’”, explicándole que eran 5.000 pesos, desconociendo el qué concepto.
Jutton respaldó su denuncia con documentación, que incluye órdenes de publicidad, certificaciones y solicitudes de pago.
En Roca, ratificó ayer su denuncia en una entrevista personal con “Río Negro”. Lo hizo en presencia del legislador Nicolás Rochas, quien fue el original receptor del testimonio de Jutton y a quien indujo a presentarse inmediatamente ante la Justicia. Rochas anticipó que presentará a la Justicia nuevos documentos.
Antecedente con condenas
En diciembre del año pasado, la Justicia condenó a tres exfuncionarios por la contratación y pago de un programa no emitido.
El exministro de Turismo, Omar Contreras; el exsecretario de Comunicación, Claudio Mozzoni, y la ex delegada de ese organismo en Bariloche y periodista televisiva Susana Parra recibieron tres años de prisión en suspenso.
A Mozzoni y Contreras se los responsabilizó de la contratación de la productora de Parra, Al Kabir SRL para la emisión de un programa y la elaboración de material turístico a pesar de era directora de la provincia, evidenciando incompatibilidad.
Se verificó que el objeto del contrato no se cumplió.