Holdouts: la Corte de EEUU rechazó apelación de la Argentina

Holdouts: la Corte de EEUU rechazó apelación de la Argentina

16/06/2014 | 11:02 Se trata de la peor opción. Ahora el país debe pagar U$S 1.330 millones a los bonistas que no entraron en el canje. El país entraría en default técnico. A las 21 Cristina hablará por cadena nacional. 

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La Corte Suprema de EE.UU. rechazó la apelación argentina hoy (Foto: Archivo)

La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó hoy la apelación de la Argentina a los fallos precedentes que exigen al país el pago en efectivo y sin quita alguna de 1.330 millones de dólares a los denominados fondos buitre.

Según comunicó el máximo tribunal estadounidense en un comunicado, tomó esa decisión sin la participación de una de sus nueve miembros: la jueza Sonia Sotomayor, la única de origen latino.

Los abogados patrocinantes de la Argentina habían apelado un fallo previo que benefició al fondo NML Capital LTD, gestionado por el estadounidense Paul Singer.

Pero la Corte ahora denegó el "certiorari", un recurso extraordinario mediante el cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una decisión de un tribunal inferior.

Esa decisión ratifica entonces una condena adoptada por un tribunal federal de Nueva York, a cargo de Thomas Griesa, en favor de los fondos especulativos NML Capital y Aurelius, que se negaron a sumarse a las reestructuraciones de 2005 y 2010.

La Argentina deberá esperar ahora que Griesa abra una posibilidad de negociación con los fondos especulativos, quienes reclaman el pago de 1.330 millones de dólares en efectivo y sin quita más intereses, lo que elevaría el monto a 1.470 millones de dólares. fuente cadena 3

$S 15 mil millones se deberían pagar a todos los “holdouts

Hoy, la Corte Suprema de EE.UU. informará si rechaza o aprueba tratar el caso de los bonistas contra Argentina, o si pide la opinión del gobierno de Obama.

Todos los ojos de los mercados financieros, no sólo de Argentina sino también del mundo, estarán puestos hoy en lo que diga la Corte Suprema de Estados Unidos en lo que se dio en llamar el “juicio financiero del siglo”, el caso de los denominados “fondos buitre”, que exigen a la Argentina el pago de 1.330 millones de dólares y que ya tienen dos sentencias favorables.

El máximo tribunal estadounidense se reunió el jueves para ver si acepta o no tratar el caso, que ya atravesó dos instancias en contra del Estado argentino, pero recién hoy daría a conocer su resolución. 

Más allá de estas dos alternativas, la que los mercados y analistas financieros barajan como más probable es que los magistrados demoren la decisión y pidan la opinión del gobierno de Barack Obama (a través del procurador del Tesoro), o bien, que pidan a la cámara que reinterprete la cláusula de pari passu , sobre la cual se basó Griesa para la sentencia.

Salvo la opción de un rechazo sin más del caso, las demás son favorables para la Argentina. En todo caso, el país ganaría tiempo y la decisión pasaría a 2015, una vez vencido el plazo de la cláusula que obliga al país a obligar a los acreedores que ya ingresaron al canje las condiciones de las nuevas ofertas.

De cuánto se habla

El monto en sí de la demanda no es significativo visto en perspectiva. Los fondos que están en juicio tienen 1.330 millones de deuda (que se declaró en default en diciembre de 2001). Este es el monto (con alguna diferencia por los intereses) que el Estado argentino debería pagar en su totalidad y al contado si hubiese que hacer efectiva la sentencia de Griesa.

Si bien es un monto significativo hoy para Argentina (que está cuidando al máximo sus reservas, pese a lo cual aún no superan los 29 mil millones de dólares), en el contexto de la deuda total es muy bajo: alrededor de un 0,6 por ciento.

Pero este bajo porcentaje adeudado podría acarrear otras consecuencias. El juez neoyorquino incluso dispuso que para que esta se cumpla, se podrían embargar fondos del país en bancos estadounidenses. Por eso correría riesgo el monto que Argentina tiene que depositar en Nueva York el 30 de junio, cuando vence el próximo pago de los bonos Discount. De esta manera, el país caería en default técnico, y lo más probable es que se vea obligado a cambiar el domicilio de pago de esas obligaciones (u ofrezca un canje por bonos bajo ley Argentina).

Además, según la interpretación argentina, el país tendría que afrontar en iguales condiciones toda la deuda que aún no adhirió al canje. El ministro de Economía, Axel Kicillof, puntualizó que esto suma 15 mil millones de dólares. Es decir, llegaría al siete por ciento del monto de la deuda pública.

El tema se complicaría aún más si el resto de los acreedores, aquel 93 por ciento que sí ingresó a los dos canjes y hoy está cobrando normalmente, decide hacer aplicar la cláusula Rufo (siglas en inglés) y pide las mismas condiciones de pago de los holdouts. Esta última posibilidad es la que tiene menos probabilidades.

Cómo queda la deuda

La composición de la deuda pública argentina tuvo un cambio drástico desde el default de diciembre de 2001.

Aunque no hubo una verdadera política de “desendeudamiento”, como gusta decir el Gobierno, sí hubo cambios que la hicieron sustentable tras los canjes de 2005 y 2010.

En primer término, se redujo en forma importante respecto del producto interno bruto (PIB). Del 166,4 por ciento en 2002, o 74 por ciento antes del canje se pasó al 45,6 por ciento en el tercer trimestre de 2013 (el último dato informado por el Ministerio de Economía).

Por otra parte, bajó la proporción de moneda extranjera: la deuda neta (sin contar la que se tiene con organismos del sector público) equivale al 15,1 por ciento del PIB.

Pero, además, lo que se llamó desendeudamiento, en realidad, fue un cambio marcado de acreedor. En 2005, casi la totalidad de la deuda estaba contraída con tenedores de bonos privados y con organismos de crédito internacionales. En 2013, la deuda pública neta (como llama el Gobierno al total menos aquella que está financiada por entes del sector público, como la Anses, el Banco Central u otros) representaba el 60,5 por ciento del total.

Lo relevante del financiamiento con organismos públicos es que pueden ser reprogramados a su vencimiento. En cambio, el país tiene que cancelar el resto de las obligaciones porque, hasta ahora, no había posibilidad de refinanciarlas.

Lo que todos esperan es que los intentos del Gobierno por normalizar la situación financiera internacional (acuerdo con Repsol, el Ciadi y el Club de París, acercamiento al Fondo Monetario Internacional para que monitoree los indicadores de precios y crecimiento) permitan, en algún momento del futuro volver a emitir deuda en los mercados.

Por ahora, lo que se hizo fue pagar los vencimientos, primero con superávit fiscal y, a partir de 2010, con reservas del Banco Central. La deuda con privados se redujo pero aumentó en su totalidad: de los 164.330 millones de dólares (sin holdouts ) que se debían a fin de 2010, en septiembre de 2013 se llegó a 201.009 millones, que suman 212.713 con los holdouts . Son 36.700 millones de dólares más, un 22 por ciento, y aquí no está contado el efecto de la devaluación de enero último.

Además, el financiamiento con organismos públicos generó otros problemas que hicieron insostenible todo el proceso, como bien se dio cuenta el Gobierno y por eso ahora los intenta revertir: emisión monetaria (y consecuente, inflación) y pérdida de reservas, los más evidentes.

El “juicio del siglo”
Enero de 2005. Argentina propone el primer canje para la deuda en default desde diciembre de 2001. Adhiere 76 por ciento de acreedores.

En 2010. Se reabre el canje e ingresa otro 16,5 por ciento. Queda un remanente de 7 por ciento (holdouts). Los fondos buitre (parte de los holdouts) inician ante la Justicia de Estados Unidos un juicio para cobrar la totalidad adeudada, sin quita: U$S 1.330 millones en este caso.

Fin de 2012. El juez Thomas Griesa de Nueva York ordenó a la Argentina pagar 100 por ciento y al contado a los demandantes. Si se ejecutara la sentencia, se podrían embargar los fondos que Argentina dispone en el Banco de Nueva York para cancelar vencimientos en situación normal.

Agosto de 2013. La ­Cámara de Apelaciones de Nueva York convalidó la decisión de Griesa, pero suspendió la ejecución hasta que se expida la Corte Suprema de EE.UU.

Noviembre de 2013. El Gobierno envió una ley al Congreso para reabrir el canje de deuda, como una señal a los holdouts, pero la operación aún no tiene fecha de apertura. La Presidenta también había anunciado que ofrecería a los acreedores cambiar el domicilio de pago, pero esto no se concretó.

Junio de 2014. El jueves 12, la Corte Suprema de EE.UU. se reunió para decidir si acepta o rechaza tratar la apelación argentina a los fallos de Griesa y la Cámara. Hoy daría a conocer la decisión. fte  l v interiot