Martes 19 Ene 2016 | 0:15
Por Lorena Moscovich - @lmoscovich - Politóloga
Cuando los responsables de conducir el Estado lo hacen sin control y con discrecionalidad, las consecuencias son negativas para el Estado mismo, para las empresas y para los ciudadanos. El reparto arbitrario de recursos, por ejemplo en el manejo de la pauta publicitaria estatal, es malo para el Estado porque se usan recursos públicos con fines privados o partidarios, privándose el Estado mismo de recursos que podrían destinarse a los programas y políticas de gobierno. Es malo para los empresarios porque fomenta actitudes irresponsables y predatorias; obstaculiza el desarrollo de empresas competentes, independientes de la ayuda y negocios estatales que puedan ser vehículos para el crecimiento y la creación de empleo genuino. Y es malo para la ciudadanía sin duda porque se usan sus recursos con fines particularistas, pero también porque, cuando los ciudadanos dan por sentado que el reparto será discrecional, de alguna manera internalizan la falta de cuidado de lo público y de los limites con lo privado.
Primero es necesario exigir definiciones relativas a los fines para los que un gobierno puede usar el dinero público para hacer publicidad oficial. Por ejemplo, existen diferencias entre lo que se llama el marketing político y el electoral. Mientras que el primero se trata de garantizar la comunicación pública de las cosas que hace un gobierno, sea la realización de una obra pública o la difusión de un programa con el fin de informar a la ciudadanía, lo segundo son las herramientas publicitarias para ganar elecciones. Es simple, para lo primero se pueden usar recursos públicos y para lo segundo no. Para ello está prevista la ley de financiamiento de partidos y la asignación de espacios publicitarios gratuitos en períodos preelectorales. Una vez definido el fin legítimo de la publicidad oficial, hay que establecer normas respecto de su distribución entre las diferentes empresas de medios y garantizar que esta información sea pública.
Otra de las consecuencias del reparto arbitrario del dinero para la publicidad oficial es la actitud irresponsable de empresarios. En ausencia de controles o penalidades, con el amparo del Estado, estos empresarios se benefician en lo personal llevando adelante negocios inviables que carecen de fuentes alternativas de financiamiento. El resultado de esto es el sinnúmero de personas que ven afectadas sus fuentes de trabajo por la rescisión de contratos cuyo principal origen era el reparto de recursos para financiar medios adeptos al gobierno. De la "patria contratista" a los medios privados pero oficialistas, la dependencia de los empresarios de los negocios con el Estado es una de las principales fuentes de un mercado poco autónomo e incompetente para ser vehículo del desarrollo.
Por último, el uso arbitrario de los recursos públicos también tiene efectos en la "socialización política", cuando cada grupo de partidarios de un gobierno asume como un derecho adquirido de sus dirigentes este manejo discrecional. Los hoy opositores al gobierno son los voceros del pedido de claridad y ecuanimidad en la relación del gobierno con los medios, reclamo que no alentaron en la gestión anterior. Sin embargo, este movimiento de los hoy opositores no es estratégico sino involuntario. Recién ahora entienden cuáles son las múltiples consecuencias de la falta de procedimientos claros que asignen responsabilidades y criterios para la distribución del gasto público, en este caso de la pauta oficial. Es de esperar que los que hoy apoyan al gobierno no olviden la importancia de esta demanda.
Por qué el gobierno anterior financiaba desproporcionadamente medios y periodistas afines: porque podía. Por qué el gobierno actual no financia medios y periodistas opositores a ultranza: porque puede. El manejo discrecional de la pauta publicitaria será potencial fuente de arbitrariedades en manos de unos u otros. La forma de evitarlo es estableciendo normas claras de distribución de los recursos públicos, en este caso de la publicidad oficial, conocidos y en consecuencia previsibles para gobierno, empresas de medios y ciudadanos, con independencia del gobierno de turno. diario rio negro
(*) Politóloga