Desde el Centro Cívico no se ve. A primera vista, en Bariloche los esquiadores vuelven de la felicidad, los egresados saltan, hay montañas blancas, sonidos de aldea. Pero el drama social está a 6 kilómetros, en la zona del Alto, un encadenado de barrios humildes al que los turistas no llegan. Ahí arriba, en la comisaría 42°, trabajó el oficial Lucas Muñoz hasta el 14 de julio. Ese día lo metieron en un Corsa y lo desaparecieron, cuando llegaba al destacamento. Una hipótesis dice que Lucas llevaba una mochila con cocaína. Otra que iba limpio a trabajar. Como sea, pasó 27 días cautivo hasta que arrojaron su cadáver a un descampado. En el mismo lugar, a 400 metros, había aparecido meses antes y sin vida Micaela Bravo, otra chica asesinada posiblemente con mano de obra policial. El cuerpo de Muñoz apareció tres horas después de que el gobernador Alberto Weretilneck se reuniera con los máximos responsables policiales de la ciudad para exigir resultados. Lucas recibió un tiro en la nuca y otro en la rodilla. Le faltaban cuatro dedos. Es espumosa la posibilidad de que se los hayan comido los perros.
El crimen destapó una trama de mafias policiales vinculadas al narcotráfico y la trata. Daniela Rodia, la novia de Lucas, jura que su pareja iba a denunciarlo. “Me decía que la ciudad no daba para más”, recuerda. Pero la Justicia descree de la historia del policía héroe. De acuerdo con datos que maneja el fiscal Martín Govetto, Lucas no era un trabajador ejemplar. “Llegaba tarde, tenía antecedentes y problemas de adicción. Respondía a una estructura viciada”, afirma un investigador. Creen que Lucas integraba una banda de policías narcos y que pudo haber participado con varios de ellos en una fiesta sexual con mujeres esclavizadas. Otra línea señala que podría haberse quedado con cocaína de un decomiso para hacer su propio juego. “No descartamos nada”, dice Govetto. Son 12 los policías expulsados tras la aparición del cuerpo. Tres detenidos. “De mínima, serán juzgados por encubrimiento –dice el gobernador Weretilneck–, saben el motivo del crimen”.
Pero más allá de esto, está la ciudad desnuda. Cierta idea de que en estos años el poder político administró los ilegalismos pero no los suprimió. El Alto Bariloche tiene dinámica de Conurbano, con comisarios enquistados que manejan cajas de financiamiento asociados con delincuentes pesados. Muchos de ellos padecen problemas de adicción. Es lo que surge después de conversar con jueces, fiscales y vecinos. Nada nuevo por aquí. La novedad es que el crimen de Lucas corrió el velo que lo ocultaba y pulverizó una lógica primaria: desde 2010, fueron más de 20 las muertes de civiles con efectivos involucrados. Pero hasta ahora nunca la Policía había matado a un policía, como se presume. Por eso la implosión.
“Necesitamos otro control interno –admite Weretilneck–. Bariloche tiene un costo de vida alto. A muchos policías les sale caro vivir acá. Por eso no hubo rotación”. La ciudad tiene la tasa de homicidios más alta de la Patagonia. Doce en lo que va del año. “El salto es alarmante –reconoce Govetto–. Lo usual era uno por mes”. En la ciudad no se cumple la ley de trata. Funcionan cuatro prostíbulos céntricos y una inmensa mole de cemento –el edificio Bariloche Center– es señalado como una colmena de “privados” atendidos por prostitutas de toda procedencia. Está frente a la Regional 3° (hoy intervenida), la principal comisaría de la ciudad. “No podemos hacer mucho si son actividades privadas”, reconoce el gobernador. “Existen, sí”, admite el intendente Gustavo Genusso.
Pero el nervio que regula todo es el de los policías. Los comisarios desplazados por el caso Muñoz trabajaron en Bariloche toda la vida. Varios de ellos, procesados por otros casos, habían evitado la exoneración. Ante la sospecha, para protegerlos, se los cambiaba de comisaría: un traslado como “castigo”, pero que en realidad era el salvaconducto para seguir ejerciendo la jerarquía. Manuel Poblete, a cargo de los rastrillajes de Muñoz, había vuelto a la ciudad tras haber sido apartado por una denuncia de apremios ilegales. El oficial Daniel Irusta, uno de los tres detenidos, ya había sido procesado por la desaparición del trabajador golondrina Daniel Solano. El abogado de Solano, Sergio Heredia, dice: “Irusta ejecutó el encubrimiento de Solano e hizo lo mismo con Muñoz. La Policía de Río Negro mata”.
Pero el gobernador, que acaba de poner al frente de la Fuerza a un abogado defensor de agentes en casos de gatillo fácil, plantea: “La ley no impide que un policía procesado vuelva a su cargo si se determina que no delinquió”. El fiscal de Cámara Martín Lozada contrapone: “La idea es que los funcionarios policiales son fungibles. Pero como no cambia la estructura, el que llega nuevo se acopla a los negocios”. ¿Cuáles? “Droga, posiblemente. A Bariloche vienen 130 mil egresados por año”, responde el intendente.
El auto avanza hacia el Alto por ruta 40. A lo lejos, el Catedral es una cortina blanca. No se ven turistas, sino jóvenes que cargan garrafas y venden cebollas. En el Alto viven 65 mil personas. El Gobierno acaba de cerrar el Programa País, que contenía a chicos de la zona en situación crítica de consumo, financiado por la Sedronar. No es una villa clásica. No hay pasillos, sino calles anchas. Las casas son de madera. Hay viviendas de plan estatal. Y unos pocos tienen la bendición del gas de red. “El Estado está, no es que no está”, dice Genusso, que trabajó años en la zona. “Está a medias”, aclara un juez.
Una puntera barrial abre la puerta de su casa. Sus varios hijos: niños descalzos que salen y entran como si no existiera el invierno. La mujer dice que si se publica su nombre podrían matarla. “La gorra... que mató a Muñoz, a Micaela y a Natalia Báez”, enumera. Dice que desde la 42°, los comisarios manejaban la droga. “Andaban con un narco, ‘El Oso’. En la casa de ese tipo, que trae falopa de Salta, estaba el auto en el que se llevaron a Muñoz. Liberan la zona y reclutan pibes para que vendan droga el fin de semana, cuando vienen los de abajo a comprar”. Los de abajo son la clase media y alta urbana, consumidores que pagan el papel a $ 500. También los dealers que revenden a estudiantes y turistas.
Según estimaciones de la misma Policía, más de 300 vehículos por fin de semana suben al Alto con 900 personas adentro (tres por coche o más). Se habla de una base de 10.000 consumidores únicos mensuales (el número se puede disparar en temporada alta). Sin exagerar, comprando dos dosis (como mínimo) el negocio redondea los $ 120 millones al año, sin contar la venta de marihuana y pastillas, y la explotación sexual.
La puntera conocía a Muñoz. Lo había visto con una gomera días atrás, discutiendo con chicos de la zona. Desde que en 2010 un policía rionegrino asesinó a Diego Bonefoi (lo que derivó en una pueblada histórica), por una normativa la Policía ya no puede portar armas de fuego. Por eso Muñoz andaba con gomera. Pero andaba en más, queriendo saber o siendo parte de.
Es difícil aún comprender porqué pasó tanto tiempo cautivo con vida. Posiblemente, dice un investigador, porque sus captores esperaban que les devolvieran algo y estaban negociando. “Investigaba el homicidio de mi mujer y había llegado a la mafia policial”, dice Patricio Vargas, el ex marido de Micaela Bravo. ¿Podrían haberlo matado por eso? “No se descarta nada”, dice el fiscal Govetto, que la tiene difícil. Debe investigar valiéndose de comisarios y policías sobre los que también pesan sospechas de corrupción. Y por eso se sincera: “No podemos confiar en nadie”
