La Junta Promotora Provincial de Nuevo Encuentro rechaza las modificaciones que intenta introducir el Gobierno de Río Negro al Código de Contravenciones, por considerarlo un “claro retroceso democrático, en un intento de dotar a la Policía de potestades que no tiene y estigmatizar a un sector de la población”. “Rechazamos toda forma de autogobierno policial”, afirmaron.
Desde Nuevo Encuentro consideraron que este Código que impulsa el Gobierno es un “claro retroceso”, porque consideran que la Policía “no tiene la capacitación ni las herramientas para determinar el estado de intoxicación de las personas, ni mucho menos cuenta con idoneidad para contenerlas. Eso sin mencionar que no existen en Río Negro comisarías ni centros de detención en condiciones para albergar a quienes se detuviera”.
Además, aseguraron, es “otorgarle una potestad a la Policía que no tiene, en detrimento de otras instituciones del Estado. Por caso, no habrá intervención del Poder Judicial en el proceso, violando derechos y garantías”. “Rechazamos toda forma de autogobierno policial”, agregaron.
En otro sentido, los integrantes de la Junta Promotora adujeron que “se estigmatiza a un sector de la población: se habla de bajar la edad de imputabilidad y eso es considerar que existe en la población comprendida por niños y adolescentes (mal llamados menores) una responsabilidad igual al universo adulto”.
Según la Ley 26.657 de Salud Mental aprobada por el Gobierno Nacional en 2011, el consumo de drogas y alcohol se quita del ámbito de lo punitivo, por lo que la policía no puede intervenir en este tipo de casos. Sí, define claramente, que es un área de acción de la salud pública.
En esa línea, subrayaron, que “no sabemos si existen en la Provincia estadísticas porque el Gobierno no las ha expuesto, pero si consideramos que Río Negro está en la media nacional, vamos a ver que el porcentaje de niños y adolescentes en conflicto con la ley es infinitamente menor que quienes superan la mayoría de edad”.
Por último, evaluaron que si se avanzara en un sistema donde los padres o tutores sean responsables por las contravenciones de sus hijos o niños y adolescentes a su cargo, podría generarse un “mal mayor”. En ese sentido, explicaron que “las penas propuestas son económicas y de prisión efectiva. Si un padre de familia, único sustento económico del hogar, es detenido u obligado a abonar una cierta cantidad de dinero, ese núcleo familiar sufriría un perjuicio mayúsculo. Nunca las soluciones vienen de endurecer las penas, sino de atacar las causas”.
La junta promotora está integrada por Roberto Díaz como coordinador provincial, Fredy Morales por Valle Medio e inferior; Germán Basaul, Ariel Aedo y Alejandra Poblet por Alto Valle, Pablo García y Adrián Basaul por la Zona Andina, y por Viedma Mariano Ferrari.
