En El Bolsón a los 25 días del mes de Noviembre de 2014, reunidos trabajadores municipales, miembros del sindicato de UPCN, funcionarios municipales encabezado por el Intendente Municipal, acuerdan:
1- Una cifra no remunerativa de $ 700 pagaderos con haberes de Noviembre.
2- Se acuerda el recorte total de las horas extras a partir del mes de Diciembre para todas las áreas del municipio.
3- Incrementar a partir de los haberes de Diciembre en $ 300 más como suma fija no remunerativa.
4- El ahorro logrado a partir de la no concreción de las horas extras permitirá discutir la posibilidad de un incremento sobre lo estipulado para Diciembre.
5- El pago del aguinaldo por ventanilla se realizará en el área de Secretaria de Economía.
6- A efectos de optimizar el recurso y la prestación de los servicios el ejecutivo municipal organizará la jornada laboral pudiendo organizar cambios de turno.
Noticias desde El Bolsón Río Negro Argentina patagonia TE: 0294 -4720 007 FIJO /0294 15 4361408 - EMAIL:fmcumbre983@gmail.com
miércoles, 26 de noviembre de 2014
viernes, 21 de noviembre de 2014
POLEMICO PROYECTO
Viedma.- La legisladora Susana Diéguez promueve, mediante un proyecto de ley, establecer pautas y principios que deberán observar los medios de comunicación audiovisuales, gráficos y digitales rionegrinos al publicar, comentar o analizar acontecimientos y hechos relacionados con la violencia de género.
Entre otras pautas, Diéguez propone que toda vez que se deba referir a hechos relacionados con agresiones cometidas contra mujeres víctimas de la violencia de género no se recurrirá a la figura del “crimen pasional” o “crimen por celos”. Se utilizarán de manera indistinta los términos “violencia de género”, “violencia contra las mujeres” o “violencia machista”.
Asimismo, prevé que al momento de ilustrar la noticia, no se deberán utilizar fotos e imágenes sexistas, sensacionalistas u obscenas. Del mismo modo se procederá con la musicalización de la nota, evitando temas que referencien a “amores enfermos” o “enfermedad de celos”.
En caso de tratarse de un caso de homicidio que haya tenido como causa el género de la víctima, la crónica deberá atenerse sólo a la información oficial al respecto, excluyendo toda especulación, versión y relatos provenientes de alguna de las partes involucradas en el hecho.
En el abordaje y tratamiento periodístico de la violencia de género, los medios de comunicación deberán observar las diversas pautas que proponen el lenguaje, las expresiones y el abordaje periodístico del tema, la protección de su identidad, así como evitar su exposición a través de su voz o imágenes no autorizadas fehacientemente.
También sugiere que al momento de ilustrar la noticia, no deberán utilizarse “fotos e imágenes sexistas, sensacionalistas u obscenas”. Asimismo propone que “las reconstrucciones gráficas y digitales de un hecho de violencia de género deberán estar basadas en información oficial emanada de la autoridad judicial” y evitar “todo método narrativo que persiga la finalidad de provocar un determinado impacto emocional o alentar la curiosidad morbosa del receptor”.
Propone, además, incluir en la noticia los medios de comunicación (teléfonos, dirección, correo electrónico, página web, etc.) de los organismos oficiales de ayuda a la víctima de violencia de género.
Según Diéguez, “Diferentes actores sociales luchan cotidianamente contra la violencia de género. Los medios de comunicación, en esta condición innegable que ostentan, suelen dar un tratamiento determinante en la consolidación de modelos y estigmas, al comunicar un hecho periodístico relacionado con la violencia de género”.
La parlamentaria observa que la trascendencia social del tratamiento que la noticia o su hecho generador, “merece la intervención legislativa, con el objeto de establecer pautas de abordaje periodístico, y evitar enfoques informativos que socaven el entramado de relaciones que se construyen en una sociedad”. A D N RIO NEGRO
Entre otras pautas, Diéguez propone que toda vez que se deba referir a hechos relacionados con agresiones cometidas contra mujeres víctimas de la violencia de género no se recurrirá a la figura del “crimen pasional” o “crimen por celos”. Se utilizarán de manera indistinta los términos “violencia de género”, “violencia contra las mujeres” o “violencia machista”.
Asimismo, prevé que al momento de ilustrar la noticia, no se deberán utilizar fotos e imágenes sexistas, sensacionalistas u obscenas. Del mismo modo se procederá con la musicalización de la nota, evitando temas que referencien a “amores enfermos” o “enfermedad de celos”.
En caso de tratarse de un caso de homicidio que haya tenido como causa el género de la víctima, la crónica deberá atenerse sólo a la información oficial al respecto, excluyendo toda especulación, versión y relatos provenientes de alguna de las partes involucradas en el hecho.
En el abordaje y tratamiento periodístico de la violencia de género, los medios de comunicación deberán observar las diversas pautas que proponen el lenguaje, las expresiones y el abordaje periodístico del tema, la protección de su identidad, así como evitar su exposición a través de su voz o imágenes no autorizadas fehacientemente.
También sugiere que al momento de ilustrar la noticia, no deberán utilizarse “fotos e imágenes sexistas, sensacionalistas u obscenas”. Asimismo propone que “las reconstrucciones gráficas y digitales de un hecho de violencia de género deberán estar basadas en información oficial emanada de la autoridad judicial” y evitar “todo método narrativo que persiga la finalidad de provocar un determinado impacto emocional o alentar la curiosidad morbosa del receptor”.
Propone, además, incluir en la noticia los medios de comunicación (teléfonos, dirección, correo electrónico, página web, etc.) de los organismos oficiales de ayuda a la víctima de violencia de género.
Según Diéguez, “Diferentes actores sociales luchan cotidianamente contra la violencia de género. Los medios de comunicación, en esta condición innegable que ostentan, suelen dar un tratamiento determinante en la consolidación de modelos y estigmas, al comunicar un hecho periodístico relacionado con la violencia de género”.
La parlamentaria observa que la trascendencia social del tratamiento que la noticia o su hecho generador, “merece la intervención legislativa, con el objeto de establecer pautas de abordaje periodístico, y evitar enfoques informativos que socaven el entramado de relaciones que se construyen en una sociedad”. A D N RIO NEGRO
jueves, 20 de noviembre de 2014
Seis meses de prisión en suspenso: atropelló a un peatón en El Bolsón
- LA VICTIMA QUEDO EN ESTADO VEGETATIVO -
El juez Correccional Gregor Joos, condenó a un sujeto nacido en Chubut, a la pena de seis meses de prisión en suspenso, tras encontrarlo autor penalmente responsable del delito de lesiones graves culposas. Además le impuso la prohibición de conducir y la obligación de someterse a ciertas pautas de conducta por el término de dos años. El sujeto, de 35 años, atropelló a un peatón que caminaba por la banquina en el ingreso a El Bolsón.
Se trata de Antolín Parera, un mecánico de 35 años nacido en el paraje Las Golondrinas de Chubut, a quien encontraron culpable de un hecho ocurrido el 18 de agosto de 2012, alrededor de las cinco de la mañana. En esa ocasión, el imputado conducía un vehículo marca Isuzu y al omitir el deber de cuidado que debía observar en la conducción del rodado, perdió el control del mismo y embistió a Luciano Juan Uriarte, quien circulaba de manera peatonal por el margen derecho de la calzada junto a la banquina de la Ruta Nacional 40 Sur en el tramo que va desde El Bolsón hacia la provincia de Chubut, frente al aserradero de la Familia González.
La acusación atribuyó al acusado el haber actuado con imprudencia y negligencia al no adoptar las medidas necesarias que hubieran evitado el accidente, ya que si bien no se pudo determinar a la velocidad que conducía por falta de elementos objetivos, el imputado circulaba con una intoxicación alcohólica comprobada. El alcoholímetro marcó 0,97 gramos de alcohol por litro de sangre.
Como consecuencia del violento impacto, la víctima sufrió un traumatismo cráneo encefálico con pérdida de conocimiento y debió ser sometido a complejas cirugías para revertir lesiones, hemorragias múltiples. Las lesiones fueron catalogadas como de extrema gravedad, no sólo por el daño producido sino por las secuelas que eventualmente quedarán, habiendo estado en peligro real su vida con una recuperación superior a los 30 días.
El acusado había declarado que aquella madrugada se dirigía a su domicilio, en el paraje Las Golondrinas, regresando desde la casa de un amigo, Julio Zapata Arahuna. Al llegar a la curva del lugar, se le apareció la víctima caminando por la mitad del carril de circulación. Pese a la frenada y la maniobra de esquive que intentó, según relató, embistió a la persona con el lateral frontal derecho del rodado, donde estaba el guiño derecho. El conductor explicó que nadie podría haber evitado el accidente, habiendo tomado conocimiento de que la víctima solía caminar por la cinta asfáltica, según se había enterado después.
Un vecino de la víctima, relató también durante el juicio cuando se enteró del accidente pensó que era inevitable que pase algo. La gente del lugar comentaba al respecto y describió a la víctima como una persona abandonada, a la que no veía normal
El amigo del acusado, que pasó aquella noche con él, relató que cenaron y compartieron cervezas pero que al retirarse su amigo estaba muy bien, incuso superando los cuarenta metros marcha atrás y atravesando un portón muy angosto en la salida de su propiedad.
Un testigo que pasaba por el lugar, se encontró con la camioneta del acusado detenida a un costado y al conductor llamando por teléfono de manera desesperada, para contactarse con la policía y los bomberos. La víctima estaba fuera del asfalto, sobre la banquina a unos dos metros de la calzada.
En tanto, la madre de la víctima relató que noche se acostaron temprano y que por eso tambien se despertaron muy temprano. Su hijo fue a buscar cigarrillos, lo hizo caminando como siempre ya que no tienen auto. Estaba oscuro y frío, esperaba a su hijo con un mate caliente. A las diez de la mañana se enteró que lo estaban operando en Bariloche. Dijo que ahora esta en la casa en estado de coma, no se mueve ni está consciente, lo asiste permanentemente.
El juez Joos destacó que "Aparecer para la R.A.E. significa: manifestarse, dejarse ver, por lo común, causando sorpresa, admiración u otro movimiento del ánimo; o: Dicho de una cosa que estaba perdida u oculta: Encontrarse, hallarse; o: Cobrar existencia o darse a conocer por primera vez, y/o por último: Dicho de una persona: Hacer acto de presencia en un lugar, dejarse caer” y analizó que “Impresiona que a Parera según su versión se "le apareció" la víctima, como equivalente a algo que surge de la nada. Que no estaba y de repente apareció. Ello no fue así, porque la víctima ya se encontraba sobre la calzada, no se presentó de la nada”.
Agregó luego que “no habré de efectuar ninguna consideración respecto de la situación o condición personal de Uriarte, que fue materia de interés y alegación de las partes, puesto que a los fines de resolver la situación del acusado, lo que interesa es que éste era un peatón circulando por la ruta 40. Que puso una de las causas significativas de este hecho. Pero no la única. Puesto que quien embiste a este arriesgado peatón es el vehículo conducido por Parera, quien lo hacía en un estado de ebriedad ubicado en 0,97 gramos de alcohol por litro de sangre”.
Finalmente el juez Jooz consideró justo aplicarle una pena de seis meses de prisión en suspenso y dieciocho meses de inhabilitación especial para conducir automotores, estableciendo además pautas de conducta a cumplir por el plazo de dos años.http://www.elcordillerano.com.ar/index.php/judiciales/item/20528-seis-meses-de-prision-en-suspenso-atropello-a-un-peaton-en-el-bolson
El juez Correccional Gregor Joos, condenó a un sujeto nacido en Chubut, a la pena de seis meses de prisión en suspenso, tras encontrarlo autor penalmente responsable del delito de lesiones graves culposas. Además le impuso la prohibición de conducir y la obligación de someterse a ciertas pautas de conducta por el término de dos años. El sujeto, de 35 años, atropelló a un peatón que caminaba por la banquina en el ingreso a El Bolsón.
Se trata de Antolín Parera, un mecánico de 35 años nacido en el paraje Las Golondrinas de Chubut, a quien encontraron culpable de un hecho ocurrido el 18 de agosto de 2012, alrededor de las cinco de la mañana. En esa ocasión, el imputado conducía un vehículo marca Isuzu y al omitir el deber de cuidado que debía observar en la conducción del rodado, perdió el control del mismo y embistió a Luciano Juan Uriarte, quien circulaba de manera peatonal por el margen derecho de la calzada junto a la banquina de la Ruta Nacional 40 Sur en el tramo que va desde El Bolsón hacia la provincia de Chubut, frente al aserradero de la Familia González.
La acusación atribuyó al acusado el haber actuado con imprudencia y negligencia al no adoptar las medidas necesarias que hubieran evitado el accidente, ya que si bien no se pudo determinar a la velocidad que conducía por falta de elementos objetivos, el imputado circulaba con una intoxicación alcohólica comprobada. El alcoholímetro marcó 0,97 gramos de alcohol por litro de sangre.
Como consecuencia del violento impacto, la víctima sufrió un traumatismo cráneo encefálico con pérdida de conocimiento y debió ser sometido a complejas cirugías para revertir lesiones, hemorragias múltiples. Las lesiones fueron catalogadas como de extrema gravedad, no sólo por el daño producido sino por las secuelas que eventualmente quedarán, habiendo estado en peligro real su vida con una recuperación superior a los 30 días.
El acusado había declarado que aquella madrugada se dirigía a su domicilio, en el paraje Las Golondrinas, regresando desde la casa de un amigo, Julio Zapata Arahuna. Al llegar a la curva del lugar, se le apareció la víctima caminando por la mitad del carril de circulación. Pese a la frenada y la maniobra de esquive que intentó, según relató, embistió a la persona con el lateral frontal derecho del rodado, donde estaba el guiño derecho. El conductor explicó que nadie podría haber evitado el accidente, habiendo tomado conocimiento de que la víctima solía caminar por la cinta asfáltica, según se había enterado después.
Un vecino de la víctima, relató también durante el juicio cuando se enteró del accidente pensó que era inevitable que pase algo. La gente del lugar comentaba al respecto y describió a la víctima como una persona abandonada, a la que no veía normal
El amigo del acusado, que pasó aquella noche con él, relató que cenaron y compartieron cervezas pero que al retirarse su amigo estaba muy bien, incuso superando los cuarenta metros marcha atrás y atravesando un portón muy angosto en la salida de su propiedad.
Un testigo que pasaba por el lugar, se encontró con la camioneta del acusado detenida a un costado y al conductor llamando por teléfono de manera desesperada, para contactarse con la policía y los bomberos. La víctima estaba fuera del asfalto, sobre la banquina a unos dos metros de la calzada.
En tanto, la madre de la víctima relató que noche se acostaron temprano y que por eso tambien se despertaron muy temprano. Su hijo fue a buscar cigarrillos, lo hizo caminando como siempre ya que no tienen auto. Estaba oscuro y frío, esperaba a su hijo con un mate caliente. A las diez de la mañana se enteró que lo estaban operando en Bariloche. Dijo que ahora esta en la casa en estado de coma, no se mueve ni está consciente, lo asiste permanentemente.
El juez Joos destacó que "Aparecer para la R.A.E. significa: manifestarse, dejarse ver, por lo común, causando sorpresa, admiración u otro movimiento del ánimo; o: Dicho de una cosa que estaba perdida u oculta: Encontrarse, hallarse; o: Cobrar existencia o darse a conocer por primera vez, y/o por último: Dicho de una persona: Hacer acto de presencia en un lugar, dejarse caer” y analizó que “Impresiona que a Parera según su versión se "le apareció" la víctima, como equivalente a algo que surge de la nada. Que no estaba y de repente apareció. Ello no fue así, porque la víctima ya se encontraba sobre la calzada, no se presentó de la nada”.
Agregó luego que “no habré de efectuar ninguna consideración respecto de la situación o condición personal de Uriarte, que fue materia de interés y alegación de las partes, puesto que a los fines de resolver la situación del acusado, lo que interesa es que éste era un peatón circulando por la ruta 40. Que puso una de las causas significativas de este hecho. Pero no la única. Puesto que quien embiste a este arriesgado peatón es el vehículo conducido por Parera, quien lo hacía en un estado de ebriedad ubicado en 0,97 gramos de alcohol por litro de sangre”.
Finalmente el juez Jooz consideró justo aplicarle una pena de seis meses de prisión en suspenso y dieciocho meses de inhabilitación especial para conducir automotores, estableciendo además pautas de conducta a cumplir por el plazo de dos años.http://www.elcordillerano.com.ar/index.php/judiciales/item/20528-seis-meses-de-prision-en-suspenso-atropello-a-un-peaton-en-el-bolson
lunes, 17 de noviembre de 2014
ENCUENTRO ANUAL DE OFICINAS DE LA MUJER DE LA JUSTICIA ARGENTINA
SE REALIZARÁ EN VIEDMA EL ENCUENTRO ANUAL DE OFICINAS DE LA MUJER DE LA JUSTICIA ARGENTINA
Viedma, 17 de noviembre (Télam)
Entre mañana y el miércoles se realizará en Viedma el tercer encuentro anual de Oficinas de la Mujer de la Justicia Argentina, encabezado por la titular de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, Flora Acselrad.
En la apertura de las deliberaciones, prevista para mañana a las 15 en el auditorio del Palacio de Tribunales de Viedma, las palabras de bienvenida estarán a cargo de la vocal del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Adriana Zaratiegui, responsable de la Oficina de la Mujer de la justicia provincial.
En el programa del plenario se anuncian disertaciones de los especialistas Lilian Ferro, sobre ‘Enfoque de género y sostenibilidad de las condiciones de vida’; y Edgardo Malaspina, acerca de ‘Hombres, masculinidades. Del pasaje al acto violento a la impronta de la palabra’.
En la apertura de las deliberaciones, prevista para mañana a las 15 en el auditorio del Palacio de Tribunales de Viedma, las palabras de bienvenida estarán a cargo de la vocal del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Adriana Zaratiegui, responsable de la Oficina de la Mujer de la justicia provincial.
En el programa del plenario se anuncian disertaciones de los especialistas Lilian Ferro, sobre ‘Enfoque de género y sostenibilidad de las condiciones de vida’; y Edgardo Malaspina, acerca de ‘Hombres, masculinidades. Del pasaje al acto violento a la impronta de la palabra’.
sábado, 15 de noviembre de 2014
La vpta de la CSJN, sra Elena Highton de Nolasco, visitará El Bolsón
La vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctora Elena Highton de Nolasco, visitará la localidad de El Bolsón el próximo 26 de noviembre, en el marco de celebrarse los 10 años de la inauguración de la primera Casa de Justicia del Poder Judicial de Río Negro.
Con motivo de la conmemoración también se contará con la presencia de la Dra. Gladys Alvarez, Coordinadora de la Comisión Nacional de Acceso a Justicia (CNAJ) de la Corte Superama de Justicia de la Nación, mentoras ambas del modelo Casa de Justicia implementado en la Provincia.
Con ese motivo el Superior Tribunal de Justicia realizará un acto institucional en la Casa de Justicia, con participación de las destacadas visitantes, Jueces del Máximo Tribunal de la Provincia, funcionarios provinciales de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, autoridades municipales, referentes institucionales locales y miembros de su comunidad.
Las Casas de Justicia:
El Poder Judicial sostiene la implementación de métodos alternativos para la resolución de conflictos como política pública de acceso a justicia. En esta línea se crearon las Casas de Justicia que funcionan en el ámbito de la Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos del Poder Judicial, órgano dependiente del STJ.
Actualmente en Río Negro están en funcionamiento cinco Casas de Justicia, en localidades distantes de los principales centros judiciales y localizadas en El Bolsón, Sierra Grande, Catriel, Río Colorado e Ingeniero Jacobacci.
Las Casas de Justicia son centros de atención al ciudadano para información, orientación y resolución de conflictos. Tienen como misión facilitar a los vecinos de la localidad el acceso a una justicia rápida y efectiva, poniendo a disposición diferentes posibilidades de solución a los problemas de las personas, familias y grupos sociales, tanto en forma directa como a través de derivaciones a servicios de la comunidad.
Ofrecen un servicio de “múltiples puertas” (diferentes caminos de solución) para el tratamiento de los conflictos en la propia localidad, con participación directa de las instituciones y organizaciones de la comunidad junto al Poder Judicial, en un proyecto de justicia participativa.
Entre los servicios de la Casa de Justicia se cuenta el acceso a los organismos del Poder Judicial (Defensorías, Fiscalías, etc.) y los métodos alternativos de resolución de conflictos (mediación prejudicial, mediación extrajudicial, conciliación, negociación directa, facilitación, etc). Estos métodos permiten llegar a soluciones de común acuerdo, de manera rápida, informal, mediante el diálogo y el acercamiento de las partes interesadas.
En las situaciones que requieren la atención de otros servicios (Hospital, Municipalidad, etc.) la Casa de Justicia efectúa el contacto, la derivación y el seguimiento más efectivos. Para ello, se vincula con las distintas instituciones que constituyen la Red de Recursos Públicos, promoviendo su funcionamiento armónico.
El equipo de las Casas de Justicia visita periódicamente los parajes, colonias rurales y barrios alejados a fin de acercar sus servicios a esas comunidades.www.t iempojudicial. com
Con motivo de la conmemoración también se contará con la presencia de la Dra. Gladys Alvarez, Coordinadora de la Comisión Nacional de Acceso a Justicia (CNAJ) de la Corte Superama de Justicia de la Nación, mentoras ambas del modelo Casa de Justicia implementado en la Provincia.
Con ese motivo el Superior Tribunal de Justicia realizará un acto institucional en la Casa de Justicia, con participación de las destacadas visitantes, Jueces del Máximo Tribunal de la Provincia, funcionarios provinciales de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, autoridades municipales, referentes institucionales locales y miembros de su comunidad.
Las Casas de Justicia:
El Poder Judicial sostiene la implementación de métodos alternativos para la resolución de conflictos como política pública de acceso a justicia. En esta línea se crearon las Casas de Justicia que funcionan en el ámbito de la Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos del Poder Judicial, órgano dependiente del STJ.
Actualmente en Río Negro están en funcionamiento cinco Casas de Justicia, en localidades distantes de los principales centros judiciales y localizadas en El Bolsón, Sierra Grande, Catriel, Río Colorado e Ingeniero Jacobacci.
Las Casas de Justicia son centros de atención al ciudadano para información, orientación y resolución de conflictos. Tienen como misión facilitar a los vecinos de la localidad el acceso a una justicia rápida y efectiva, poniendo a disposición diferentes posibilidades de solución a los problemas de las personas, familias y grupos sociales, tanto en forma directa como a través de derivaciones a servicios de la comunidad.
Ofrecen un servicio de “múltiples puertas” (diferentes caminos de solución) para el tratamiento de los conflictos en la propia localidad, con participación directa de las instituciones y organizaciones de la comunidad junto al Poder Judicial, en un proyecto de justicia participativa.
Entre los servicios de la Casa de Justicia se cuenta el acceso a los organismos del Poder Judicial (Defensorías, Fiscalías, etc.) y los métodos alternativos de resolución de conflictos (mediación prejudicial, mediación extrajudicial, conciliación, negociación directa, facilitación, etc). Estos métodos permiten llegar a soluciones de común acuerdo, de manera rápida, informal, mediante el diálogo y el acercamiento de las partes interesadas.
En las situaciones que requieren la atención de otros servicios (Hospital, Municipalidad, etc.) la Casa de Justicia efectúa el contacto, la derivación y el seguimiento más efectivos. Para ello, se vincula con las distintas instituciones que constituyen la Red de Recursos Públicos, promoviendo su funcionamiento armónico.
El equipo de las Casas de Justicia visita periódicamente los parajes, colonias rurales y barrios alejados a fin de acercar sus servicios a esas comunidades.www.t iempojudicial. com
jueves, 6 de noviembre de 2014
Municipio de El Bolsón pierde otro juicio
Organismo: Juzgado Civil,Comercial y Mineria Nro.5, Sec 1
Ciudad: Bariloche
N° Expediente: 12556-13
N° Receptoría: A-3BA-440-C2013
Fecha: 2014-11-04
Carátula: OSOKINA, SVETLANA C/ MUNICIPALIDAD DE EL BOLSON S/ RESOLUCION DE CONTRATO (Ordinario) (S-06)
Descripción: Sentencia.
IIIª Circunscripción Judicial de Río Negro.
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Minería Nro. 5
Secretaría única
Tomo:
Resolución:
Folio:
María Luján Perez Pysny, Secretario
San Carlos de Bariloche, 04 de noviembre de 2014.
VISTOS: Los autos "OSOKINA, SVETLANA C/ MUNICIPALIDAD DE EL BOLSON S/ RESOLUCION DE CONTRATO (Ordinario) (S-06)" (expte. 12556-13).
RESULTA:
A) Que a fs. 22/25 Osokina Svetlana demandó a la Municipalidad de El Bolsón (en lo sucesivo MEB) la resolución contractual de una compraventa de un lote individualizado catastralmente como 20-1-J-211-09 celebrada el 30/06/11 y las sumas de U$S12.000 en concepto de restitución del precio abonado, y de U$S12.000 en carácter de cláusula penal.
Señala que el día 30/06/11, a través de su representante Seguei Jelado, suscribió con la MEB un contrato de compraventa mediante el cual adquiría en propiedad el inmueble referido por el precio de U$S22.000 y que, en el acto de la firma abonó la suma de U$S2.000 en concepto de seña y posteriormente dentro del plazo estipulado la suma de U$S10.000.
Indica que jamás pudo acceder al lote ya que tomó conocimiento de que el mismo estaba en verdad ocupado por otra persona que alegaba haberlo adquirido con anterioridad al municipio.
Refiere que intimó por carta documento de fecha 19/02/13 a la MEB para que designara fecha de escrituración, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales y reclamar daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento y que esa carta documento fue contestada por el municipio rechazando, negando y desconociendo la validez del contrato y, por ende su responsabilidad por incumplimiento.
Relata que, ante esa respuesta, envía una nueva carta documento de fecha 11/03/13 donde declara resuelto el contrato quedando así habilitada la instancia judicial.
Destaca que en la cláusula novena del contrato se pactó que "...La parte que no diere cumplimiento, dará derecho a la otra, a su sola opción, a: I) Dejar sin efecto la presente operación, con pérdida para el comprador de los importes entregados, se ésta fuera la remisa; y si fuera el vendedor, deberá reintegrar los importes percibidos más otro tanto...".
Afirma que surge palmario el incumplimiento de la MEB que actuó con dolo o malicia al celebrar un contrato a sabiendas de que el inmueble que vendía estaba ocupado.
Considera que la cláusula penal tiene una finalidad compulsiva con el objeto de ejercer presión en el deudor para que cumpla con las obligaciones a su cargo, máxime si ella consiste en una suma elevada; y una finalidad indemnizatoria ya que las partes dejan fijada de antemano la indemnización que corresponderá en caso de incumplimiento.
B) Que a fs. 157 se ordenó devolver el escrito de contestación de la demanda y a fs. 160 se declaró la cuestión como de puro derecho.
C) Que a fs. 164 se llamó autos para sentencia mediante providencia que se encuentra firme.
Y CONSIDERANDO:
1º) Que ante el silencio guardado por la MEB deben reputarse ciertos los hechos lícitos constitutivos de la pretensión: la celebración de la compraventa, el pago parcial del precio, el incumplimiento de las obligaciones a cargo de la MEB y la resolución contractual; además, deben tenerse por reconocidos los documentos acompañados junto a la demanda (art. 356, inciso 1º del CPCCRN).
2º) Que, en el caso, hubo un pacto comisorio expreso, pues las partes acordaron que, ante el supuesto de incumplimiento de las obligaciones a cargo del vendedor, iba a dejarse sin efecto la operación y el vendedor debía reintegrar al comprador los importes percibidos más otro tanto (fs. 6/10, cláusula novena).
3º) Que en virtud de ello, y de que la MEB no invocó ni demostró haber cumplido con las obligaciones asumidas en el contrato, corresponde declarar resuelto el contrato.
4º) Que en cuanto a los efectos de la resolución contractual el artículo 1204 del Código Civil dispone que "... en los contratos en que hubiese cumplido parte de las prestaciones, las que se hayan cumplido quedarán firmes, y producirán en cuanto a ellas, los efectos correspondientes".
Es evidente que dicha norma se refiere a las prestaciones parcialmente cumplidas por quien dio lugar a la resolución. "No podría el texto referirse a las obligaciones del que ejercita la facultad resolutoria, porque ello significaría contradecir la finalidad esencial del instituto. Implicaría negar al acreedor que ha cumplido la posibilidad de llegar a la resolución, cuando más lo necesita, o sea cuando tiene que recurrir a esa vía para obtener la devolución de aquello que ha entregado, por resultar ineficaz la acción de cumplimiento, ya sea por la insolvencia del deudor o por cualquier otra causa" porque "...las prestaciones que haya cumplido el que ejercita la facultad resolutoria, deben quedar firmes en la medida que constituyan la contrapartida de la parte de la prestación cumplida por la contraria, a la cual no alcanza la retroacción, pues de lo contrario habría un enriquecimiento sin causa (Ramella, Anteo E. "La resolución por incumplimiento", págs. 223/224, Ed. Astrea, 1975).
A ello cabe agregar, que la resolución contractual por incumplimiento opera como una condición resolutoria, siendo que las partes deben restituirse todo lo dado en virtud del contrato (art. 1374 y cctes. del Código Civil), aunque ese régimen, según el autor citado, sólo podría ser aplicado "por analogía al pacto comisorio en la medida en que sean compatible con la naturaleza y fundamento del instituto" (aut. y ob. citada, pág. 221).
5º) Que, como consecuencia de tal resolución contractual, la MEB debe restituir a Osokina la suma de U$S12.000 que le fuera abonada como parte del precio de la compraventa, según lo que acreditado con los recibos de fs.11/12, con más un interés moratorio del 8% anual desde la fecha en que cada pago se hizo y hasta su efectiva restitución.
Ello, teniendo en cuenta que el obligado a restituir que causó la resolución contractual debe “restituir los intereses o frutos que hubiera producido o podido producir lo recibido desde el día en que lo recibió (arts. 788, 590, 2438 del Cód. Civil)….” (Ramella, Anteo E. "La resolución por incumplimiento", págs. 231, Ed. Astrea, 1975).
6º) Que la resolución del contrato también engendra para el incumplidor la obligación de indemnizar a su acreedor (artículo 1204, segundo párrafo, última parte, del código civil) razón por la cual es procedente la suma reclamada de U$S12.000 pactada como cláusula penal, con más un interés del 8% anual desde la fecha de notificación de la resolución del contrato.
De acuerdo con lo dispuesto por el art. 652 del Código Civil, la cláusula penal "...es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena o multa en caso de retardar o de no ejecutar la obligación".
Dicha cláusula penal cumple principalmente dos funciones, según cierta doctrina: una compulsiva, pues mueve psicológicamente al deudor a cumplir la prestación principal para eludir la pena que puede ser una sanción más gravosa que la obligación contraída; y una resarcitoria, por ser un modo de fijar por anticipado los daños y perjuicios que el incumplimiento de la obligación cause al acreedor (Llambías, Jorge Joaquín, "Código Civil Anotado, Tomo II-A, págs. 425/426, Ed. Abeledo-Perrot, 1979).
También, en este sentido, un sector de la jurisprudencia ha dicho que: "La cláusula penal moratoria cumple dos funciones complementarias. Desde un punto de vista, estimula el cumplimiento de la obligación (función compulsiva o estimulativa) y fija además de antemano el monto indemnizatorio a satisfacer en caso de incumplimiento (función indemnizatoria) (arts. 652, 655, 656 1° párr.del Cód. Civil). CC0002 SM 31458 RSD-288-92 S, Fecha: 30/04/1992 Juez: OCCHIUZZI (MA) Caratula: Yadarola, Eduardo y Ot. c/ Onorato, Rosalía Isabel y Ot. s/ Escrituración Mag. Votantes: Occhiuzzi - Mares - Cabanas" (Lex-Doctor 9.1).
En este caso, la cláusula penal cumple ambas funciones, y su monto debe ser admitido, pues el acreedor no está obligado a probar que ha sufrido perjuicios (art. 656 del Código Civil). Además, porque la doctrina ha sostenido "...que la facultad judicial de morigerar la cláusula penal es excepcional y debe ser ejercida con prudencia, justificándose sólo cuando ella es notoriamente abusiva o importa una lesión a la regla moral o significa una exacción exorbitante" (Borda, Guillermo A., "Tratado de Derecho Civil", Obligaciones, tomo I, pág. 209, Ed. Perrot, 16/5/83), lo que no aparece en este caso.
7º) Que no corresponde tratar aquí si el Director de Ingresos Públicos del municipio demandado tenía o no facultades para celebrar el contrato en cuestión, porque ello no fue planteado por la MEB en esta causa.
Por lo tanto, esa circunstancia no puede ser tratada en esta sentencia, ya que no ha sido propuesta por las partes ni fue materia de debate durante en el curso del proceso.
Caso contrario, se afectaría el principio de congruencia, y por ende, el derecho de defensa, de raigambre constitucional (art. 18 de la Constitución Nacional).
En este sentido se ha dicho que "...reconocer en una decisión judicial una pretensión no reclamada en el escrito inicial vulneraría el principio de congruencia establecido en el art. 163, inc. 6º del Cód. Procesal...pues el juez debe pronunciarse sobre todo lo que se le pide por las partes y nada más que sobre lo que se le pide. Ello es una consecuencia del principio de congruencia, de evidente raíz constitucional, puesto que tiende a asegurar la inviolabilidad de la defensa... (Falcón Enrique, M. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tomo II, pág 155 y jurisprudencia citada, Abeledo Perrot, 1992).
8º) Que, por lo tanto, no resulta aplicable aquí lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en los casos "Ingeniería Omega" y "Cardiocorp", donde se sostuvo que "...la validez y eficacia de los contratos administrativos se supedita al cumplimiento de las formalidades exigidas por las disposiciones legales pertinentes en cuanto a la forma y procedimientos de contratación..", pues en tales casos hubieron planteos concretos donde se invocó el incumplimiento de formalidades en el acto o contrato administrativo; y en este caso, esos planteos no ha sido efectuados.
9º) Que, además, en ese orden de ideas, puede afirmarse que ese contrato debe reputarse válido mientras no se lo anule (artículo 1046 del código civil).
Además, por tratarse de un contrato administrativo se presume con especial razón su legitimidad (ver, por ejemplo, Cassagne, Juan Carlos, "El acto administrativo", 1981, páginas 326 y 328, y su cita: Crettella Junior, José, "Principios Fundamentales del Derecho Administrativo", T. I, páginas 52-53; asimismo, Marienhoff, M., "Tratado...", tomo II, páginas 280/289 y 368/374; etcétera).
10º) Que también se debe condenar a la MEB a pagar las costas del juicio porque lo pierde y no hay motivos para omitir el principio general (artículo 68 del CPCC).
11º) Que los honorarios del Dr. Luis Felipe Espinosa, como letrado apoderado de la parte actora, deben regularse en la suma de $17.085.
Se ha tomado como base para regular la suma de $81.361, que resulta ser un tercio del monto de condena convertido a razón de U$S1=$8,4950 –según cotización del Banco Nación Argentina- con más sus intereses fijados, que asciende a la suma de $244.083 ($203.880 en concepto de capital y $40.203, de intereses), atento a la etapa cumplida. A dicho monto se le aplicó un 15% de la escala legal, con más el 40% de ello atento el carácter de apoderado (art. 6, 8 10, 20 y 39 de la ley G 2212).
En consecuencia, FALLO: I) Declarar resuelto desde el 11/03/2013 el contrato de compraventa celebrado el 30/06/11. II) Condenar a la Municipalidad de El Bolsón a pagar a en diez días corridos a Svetlana Osokina la suma de U$S24.000, con más los intereses moratorios fijados en los considerandos de la presente. III) Condenar a la Municipalidad de El Bolsón a pagar las costas del juicio. IV) Regular los honorarios del Dr. Luis Felipe Espinosa en la suma de $17.085, que deberán pagarse en diez días corridos bajo apercibimiento de ejecución. V) Protocolizar, registrar y notificar esta sentencia.
Cristian Tau Anzoátegui
juez
<*****>
Ciudad: Bariloche
N° Expediente: 12556-13
N° Receptoría: A-3BA-440-C2013
Fecha: 2014-11-04
Carátula: OSOKINA, SVETLANA C/ MUNICIPALIDAD DE EL BOLSON S/ RESOLUCION DE CONTRATO (Ordinario) (S-06)
Descripción: Sentencia.
IIIª Circunscripción Judicial de Río Negro.
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Minería Nro. 5
Secretaría única
Tomo:
Resolución:
Folio:
María Luján Perez Pysny, Secretario
San Carlos de Bariloche, 04 de noviembre de 2014.
VISTOS: Los autos "OSOKINA, SVETLANA C/ MUNICIPALIDAD DE EL BOLSON S/ RESOLUCION DE CONTRATO (Ordinario) (S-06)" (expte. 12556-13).
RESULTA:
A) Que a fs. 22/25 Osokina Svetlana demandó a la Municipalidad de El Bolsón (en lo sucesivo MEB) la resolución contractual de una compraventa de un lote individualizado catastralmente como 20-1-J-211-09 celebrada el 30/06/11 y las sumas de U$S12.000 en concepto de restitución del precio abonado, y de U$S12.000 en carácter de cláusula penal.
Señala que el día 30/06/11, a través de su representante Seguei Jelado, suscribió con la MEB un contrato de compraventa mediante el cual adquiría en propiedad el inmueble referido por el precio de U$S22.000 y que, en el acto de la firma abonó la suma de U$S2.000 en concepto de seña y posteriormente dentro del plazo estipulado la suma de U$S10.000.
Indica que jamás pudo acceder al lote ya que tomó conocimiento de que el mismo estaba en verdad ocupado por otra persona que alegaba haberlo adquirido con anterioridad al municipio.
Refiere que intimó por carta documento de fecha 19/02/13 a la MEB para que designara fecha de escrituración, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales y reclamar daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento y que esa carta documento fue contestada por el municipio rechazando, negando y desconociendo la validez del contrato y, por ende su responsabilidad por incumplimiento.
Relata que, ante esa respuesta, envía una nueva carta documento de fecha 11/03/13 donde declara resuelto el contrato quedando así habilitada la instancia judicial.
Destaca que en la cláusula novena del contrato se pactó que "...La parte que no diere cumplimiento, dará derecho a la otra, a su sola opción, a: I) Dejar sin efecto la presente operación, con pérdida para el comprador de los importes entregados, se ésta fuera la remisa; y si fuera el vendedor, deberá reintegrar los importes percibidos más otro tanto...".
Afirma que surge palmario el incumplimiento de la MEB que actuó con dolo o malicia al celebrar un contrato a sabiendas de que el inmueble que vendía estaba ocupado.
Considera que la cláusula penal tiene una finalidad compulsiva con el objeto de ejercer presión en el deudor para que cumpla con las obligaciones a su cargo, máxime si ella consiste en una suma elevada; y una finalidad indemnizatoria ya que las partes dejan fijada de antemano la indemnización que corresponderá en caso de incumplimiento.
B) Que a fs. 157 se ordenó devolver el escrito de contestación de la demanda y a fs. 160 se declaró la cuestión como de puro derecho.
C) Que a fs. 164 se llamó autos para sentencia mediante providencia que se encuentra firme.
Y CONSIDERANDO:
1º) Que ante el silencio guardado por la MEB deben reputarse ciertos los hechos lícitos constitutivos de la pretensión: la celebración de la compraventa, el pago parcial del precio, el incumplimiento de las obligaciones a cargo de la MEB y la resolución contractual; además, deben tenerse por reconocidos los documentos acompañados junto a la demanda (art. 356, inciso 1º del CPCCRN).
2º) Que, en el caso, hubo un pacto comisorio expreso, pues las partes acordaron que, ante el supuesto de incumplimiento de las obligaciones a cargo del vendedor, iba a dejarse sin efecto la operación y el vendedor debía reintegrar al comprador los importes percibidos más otro tanto (fs. 6/10, cláusula novena).
3º) Que en virtud de ello, y de que la MEB no invocó ni demostró haber cumplido con las obligaciones asumidas en el contrato, corresponde declarar resuelto el contrato.
4º) Que en cuanto a los efectos de la resolución contractual el artículo 1204 del Código Civil dispone que "... en los contratos en que hubiese cumplido parte de las prestaciones, las que se hayan cumplido quedarán firmes, y producirán en cuanto a ellas, los efectos correspondientes".
Es evidente que dicha norma se refiere a las prestaciones parcialmente cumplidas por quien dio lugar a la resolución. "No podría el texto referirse a las obligaciones del que ejercita la facultad resolutoria, porque ello significaría contradecir la finalidad esencial del instituto. Implicaría negar al acreedor que ha cumplido la posibilidad de llegar a la resolución, cuando más lo necesita, o sea cuando tiene que recurrir a esa vía para obtener la devolución de aquello que ha entregado, por resultar ineficaz la acción de cumplimiento, ya sea por la insolvencia del deudor o por cualquier otra causa" porque "...las prestaciones que haya cumplido el que ejercita la facultad resolutoria, deben quedar firmes en la medida que constituyan la contrapartida de la parte de la prestación cumplida por la contraria, a la cual no alcanza la retroacción, pues de lo contrario habría un enriquecimiento sin causa (Ramella, Anteo E. "La resolución por incumplimiento", págs. 223/224, Ed. Astrea, 1975).
A ello cabe agregar, que la resolución contractual por incumplimiento opera como una condición resolutoria, siendo que las partes deben restituirse todo lo dado en virtud del contrato (art. 1374 y cctes. del Código Civil), aunque ese régimen, según el autor citado, sólo podría ser aplicado "por analogía al pacto comisorio en la medida en que sean compatible con la naturaleza y fundamento del instituto" (aut. y ob. citada, pág. 221).
5º) Que, como consecuencia de tal resolución contractual, la MEB debe restituir a Osokina la suma de U$S12.000 que le fuera abonada como parte del precio de la compraventa, según lo que acreditado con los recibos de fs.11/12, con más un interés moratorio del 8% anual desde la fecha en que cada pago se hizo y hasta su efectiva restitución.
Ello, teniendo en cuenta que el obligado a restituir que causó la resolución contractual debe “restituir los intereses o frutos que hubiera producido o podido producir lo recibido desde el día en que lo recibió (arts. 788, 590, 2438 del Cód. Civil)….” (Ramella, Anteo E. "La resolución por incumplimiento", págs. 231, Ed. Astrea, 1975).
6º) Que la resolución del contrato también engendra para el incumplidor la obligación de indemnizar a su acreedor (artículo 1204, segundo párrafo, última parte, del código civil) razón por la cual es procedente la suma reclamada de U$S12.000 pactada como cláusula penal, con más un interés del 8% anual desde la fecha de notificación de la resolución del contrato.
De acuerdo con lo dispuesto por el art. 652 del Código Civil, la cláusula penal "...es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena o multa en caso de retardar o de no ejecutar la obligación".
Dicha cláusula penal cumple principalmente dos funciones, según cierta doctrina: una compulsiva, pues mueve psicológicamente al deudor a cumplir la prestación principal para eludir la pena que puede ser una sanción más gravosa que la obligación contraída; y una resarcitoria, por ser un modo de fijar por anticipado los daños y perjuicios que el incumplimiento de la obligación cause al acreedor (Llambías, Jorge Joaquín, "Código Civil Anotado, Tomo II-A, págs. 425/426, Ed. Abeledo-Perrot, 1979).
También, en este sentido, un sector de la jurisprudencia ha dicho que: "La cláusula penal moratoria cumple dos funciones complementarias. Desde un punto de vista, estimula el cumplimiento de la obligación (función compulsiva o estimulativa) y fija además de antemano el monto indemnizatorio a satisfacer en caso de incumplimiento (función indemnizatoria) (arts. 652, 655, 656 1° párr.del Cód. Civil). CC0002 SM 31458 RSD-288-92 S, Fecha: 30/04/1992 Juez: OCCHIUZZI (MA) Caratula: Yadarola, Eduardo y Ot. c/ Onorato, Rosalía Isabel y Ot. s/ Escrituración Mag. Votantes: Occhiuzzi - Mares - Cabanas" (Lex-Doctor 9.1).
En este caso, la cláusula penal cumple ambas funciones, y su monto debe ser admitido, pues el acreedor no está obligado a probar que ha sufrido perjuicios (art. 656 del Código Civil). Además, porque la doctrina ha sostenido "...que la facultad judicial de morigerar la cláusula penal es excepcional y debe ser ejercida con prudencia, justificándose sólo cuando ella es notoriamente abusiva o importa una lesión a la regla moral o significa una exacción exorbitante" (Borda, Guillermo A., "Tratado de Derecho Civil", Obligaciones, tomo I, pág. 209, Ed. Perrot, 16/5/83), lo que no aparece en este caso.
7º) Que no corresponde tratar aquí si el Director de Ingresos Públicos del municipio demandado tenía o no facultades para celebrar el contrato en cuestión, porque ello no fue planteado por la MEB en esta causa.
Por lo tanto, esa circunstancia no puede ser tratada en esta sentencia, ya que no ha sido propuesta por las partes ni fue materia de debate durante en el curso del proceso.
Caso contrario, se afectaría el principio de congruencia, y por ende, el derecho de defensa, de raigambre constitucional (art. 18 de la Constitución Nacional).
En este sentido se ha dicho que "...reconocer en una decisión judicial una pretensión no reclamada en el escrito inicial vulneraría el principio de congruencia establecido en el art. 163, inc. 6º del Cód. Procesal...pues el juez debe pronunciarse sobre todo lo que se le pide por las partes y nada más que sobre lo que se le pide. Ello es una consecuencia del principio de congruencia, de evidente raíz constitucional, puesto que tiende a asegurar la inviolabilidad de la defensa... (Falcón Enrique, M. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tomo II, pág 155 y jurisprudencia citada, Abeledo Perrot, 1992).
8º) Que, por lo tanto, no resulta aplicable aquí lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en los casos "Ingeniería Omega" y "Cardiocorp", donde se sostuvo que "...la validez y eficacia de los contratos administrativos se supedita al cumplimiento de las formalidades exigidas por las disposiciones legales pertinentes en cuanto a la forma y procedimientos de contratación..", pues en tales casos hubieron planteos concretos donde se invocó el incumplimiento de formalidades en el acto o contrato administrativo; y en este caso, esos planteos no ha sido efectuados.
9º) Que, además, en ese orden de ideas, puede afirmarse que ese contrato debe reputarse válido mientras no se lo anule (artículo 1046 del código civil).
Además, por tratarse de un contrato administrativo se presume con especial razón su legitimidad (ver, por ejemplo, Cassagne, Juan Carlos, "El acto administrativo", 1981, páginas 326 y 328, y su cita: Crettella Junior, José, "Principios Fundamentales del Derecho Administrativo", T. I, páginas 52-53; asimismo, Marienhoff, M., "Tratado...", tomo II, páginas 280/289 y 368/374; etcétera).
10º) Que también se debe condenar a la MEB a pagar las costas del juicio porque lo pierde y no hay motivos para omitir el principio general (artículo 68 del CPCC).
11º) Que los honorarios del Dr. Luis Felipe Espinosa, como letrado apoderado de la parte actora, deben regularse en la suma de $17.085.
Se ha tomado como base para regular la suma de $81.361, que resulta ser un tercio del monto de condena convertido a razón de U$S1=$8,4950 –según cotización del Banco Nación Argentina- con más sus intereses fijados, que asciende a la suma de $244.083 ($203.880 en concepto de capital y $40.203, de intereses), atento a la etapa cumplida. A dicho monto se le aplicó un 15% de la escala legal, con más el 40% de ello atento el carácter de apoderado (art. 6, 8 10, 20 y 39 de la ley G 2212).
En consecuencia, FALLO: I) Declarar resuelto desde el 11/03/2013 el contrato de compraventa celebrado el 30/06/11. II) Condenar a la Municipalidad de El Bolsón a pagar a en diez días corridos a Svetlana Osokina la suma de U$S24.000, con más los intereses moratorios fijados en los considerandos de la presente. III) Condenar a la Municipalidad de El Bolsón a pagar las costas del juicio. IV) Regular los honorarios del Dr. Luis Felipe Espinosa en la suma de $17.085, que deberán pagarse en diez días corridos bajo apercibimiento de ejecución. V) Protocolizar, registrar y notificar esta sentencia.
Cristian Tau Anzoátegui
juez
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martes, 4 de noviembre de 2014
El Superior Tribunal de Justicia le ordenó a Walter Pérez abstenerse a ejercer el cargo de vicepresidente
El Superior Tribunal de Justicia le ordenó a Walter Pérez abstenerse a ejercer el cargo de vicepresidente
El Superior Tribunal de Justica del Chubut, resolvió ordenar al concejal Walter Pérez abstenerse a ejercer las facultades y deberes atinenes al cargo de vicepresidente del Honorable Concejo Deliberante, ratificando de esta forma lo dispuesto en el mes de agosto por el juez de Primera Instancia de Lago Puelo. En lo que va del año Pérez ya recibió dos sentencias similares en su contra por arrogarse los cargos- de presidente y vicepresidente respectivamente-dentro del HCD de El Hoyo.
En el marco del expediente nº 023484/2014, caratulado González Miriam s/ denuncia Conflicto de Poderes, HCD El Hoyo, es que el Superior Tribunal de Justicia integrado por los jueces Dres. José Luis Pasutti, Jorge Pfleger; Alejandro Javier Panizzi, Daniel Rebagliati Russell, resolvió en el artículo 1 de la sentencia judicial, disponer la inmediata suspensión de los efectos del artículo de la Resolución N° 014/2014 MEH, como así también los efectos de la sesión ordinaria de fecha 13 de agosto de 2014, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo; al tiempo que el articulo N° 2 reza “ Ordenar al Sr. Walter Pérez que se abstenga a partir de la notificación de la presente de ejercer las facultades y deberes atinentes al cargo de vicepresidente del Honorable Concejo Deliberante de la localidad de El Hoyo, previstas ene l art. 28 del –Reglamento Orgánico Honorable Concejo deliberante de El Hoyo- (art.124 de la ley VXI N° 46).
Es válido recordar que ante una serie de actos realizados por Pérez arrogándose el carácter de vicepresidente , la edil Miriam González interpuso ante el juez de Primera Instancia de la localidad de Lago Puelo, medida cautelar urgente, de no innovar, la que fue concedida oportunamente por el Juez Guillermo Gregorio en concordancia con lo dispuesto con el Superior Tribunal de Justicia, en su momento en relación al conflicto de poderes desatado a principio de año por la presidencia, que también tuvo como protagonista al concejal Walter Pérez.
De esta forma, en lo que va del año 2014, el Superior Tribunal de Justicia del Chubut, ya dictó dos sentencia desfavorable para Pérez, entendiendo que en ambas causas éste actúo fuera del marco de la ley intento arrogarse a través de diversos actos legislativos en primer lugar la presidencia, y luego a pesar del precedente judicial en su contra, el cargo de la vicepresidencia del HCD El Hoyo.
El Superior Tribunal de Justica del Chubut, resolvió ordenar al concejal Walter Pérez abstenerse a ejercer las facultades y deberes atinenes al cargo de vicepresidente del Honorable Concejo Deliberante, ratificando de esta forma lo dispuesto en el mes de agosto por el juez de Primera Instancia de Lago Puelo. En lo que va del año Pérez ya recibió dos sentencias similares en su contra por arrogarse los cargos- de presidente y vicepresidente respectivamente-dentro del HCD de El Hoyo.
En el marco del expediente nº 023484/2014, caratulado González Miriam s/ denuncia Conflicto de Poderes, HCD El Hoyo, es que el Superior Tribunal de Justicia integrado por los jueces Dres. José Luis Pasutti, Jorge Pfleger; Alejandro Javier Panizzi, Daniel Rebagliati Russell, resolvió en el artículo 1 de la sentencia judicial, disponer la inmediata suspensión de los efectos del artículo de la Resolución N° 014/2014 MEH, como así también los efectos de la sesión ordinaria de fecha 13 de agosto de 2014, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo; al tiempo que el articulo N° 2 reza “ Ordenar al Sr. Walter Pérez que se abstenga a partir de la notificación de la presente de ejercer las facultades y deberes atinentes al cargo de vicepresidente del Honorable Concejo Deliberante de la localidad de El Hoyo, previstas ene l art. 28 del –Reglamento Orgánico Honorable Concejo deliberante de El Hoyo- (art.124 de la ley VXI N° 46).
Es válido recordar que ante una serie de actos realizados por Pérez arrogándose el carácter de vicepresidente , la edil Miriam González interpuso ante el juez de Primera Instancia de la localidad de Lago Puelo, medida cautelar urgente, de no innovar, la que fue concedida oportunamente por el Juez Guillermo Gregorio en concordancia con lo dispuesto con el Superior Tribunal de Justicia, en su momento en relación al conflicto de poderes desatado a principio de año por la presidencia, que también tuvo como protagonista al concejal Walter Pérez.
De esta forma, en lo que va del año 2014, el Superior Tribunal de Justicia del Chubut, ya dictó dos sentencia desfavorable para Pérez, entendiendo que en ambas causas éste actúo fuera del marco de la ley intento arrogarse a través de diversos actos legislativos en primer lugar la presidencia, y luego a pesar del precedente judicial en su contra, el cargo de la vicepresidencia del HCD El Hoyo.
lunes, 3 de noviembre de 2014
Parte médico de la Presidenta: le diagnosticaron sigmoiditis
urgente
Parte médico de la Presidenta: le diagnosticaron sigmoiditis
03/11/2014 | 20:18 Lo confirmó esta noche la Unidad Médica Presidencial, a través del parte médico, brindado esta noche. La sigmoiditis es una infección del colon.
Parte médico de la Presidenta: le diagnosticaron sigmoiditis
03/11/2014 | 20:18 Lo confirmó esta noche la Unidad Médica Presidencial, a través del parte médico, brindado esta noche. La sigmoiditis es una infección del colon.
COLEGIO DE MAGISTRADOS DE RIO NEGRO DESTACA LA APROBACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL
San Carlos de Bariloche, 03 de noviembre del 2014.
Comunicado de prensa
COLEGIO DE MAGISTRADOS DE RIO NEGRO DESTACA LA APROBACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL
El Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro (CMFRN) manifiesta públicamente el acompañamiento a la decisión de los legisladores provinciales de aprobar en primera vuelta la anhelada Reforma Procesal Penal.
En éste sentido, el presidente del Colegio, Héctor Leguizamón Pondal, expresó que “el pasado miércoles junto al miembro del Consejo Directivo, Marcos Burgos, participaron en la comisión legislativa de Asuntos Constitucionales obedeciendo a una invitación de la presidente de la misma, Tania Lastra, a raíz de una serie de encuentros que se han ido manteniendo a lo largo de éste año para lograr la reforma definitiva del Código Procesal Penal”.
En cuanto a la aprobación, mencionó que “se trata del tramo final, luego de 15 años de gestión del Colegio de Magistrados el cual en octubre del año 1999 organizó, gestó y concluyó en la necesidad de la Reforma integral; no obstante haber integrado la comisión redactora para elaboración del Código, solo se logró en el año 2004 los institutos de juicio abreviado y criterios de oportunidad”.
Asimismo, el presidente del Colegio, destacó que “la importancia de la Reforma es que sincera el Sistema Procesal Penal con las mandas constitucionales, implementa el juicio por jurado y pone en vigencia el sistema acusatorio”.
Por último, Leguizamón Pondal, valoró que en el proceso del tratamiento de la Reforma se ha integrado al Colegio al debate particular del articulado.
La Legislatura trató la reforma del Código Procesal Penal provincial el pasado jueves 30. La norma que fue tratada en general en diciembre del año pasado fue votada particular en primera vuelta y necesita del tratamiento definitivo en quince días más.
El debate legislativo se centralizó en los artículos referidos al juicio por jurados, los roles que desempeñarán fiscales y jueces, la agencia de investigaciones penales (AIP) y la duración del procedimiento, que además contempla los plazos para los delitos cometidos por funcionarios públicos, además de ello se trató la incumbencia e integración de los Foros de Jueces.
El nuevo código entrará en vigencia en marzo del 2017 y el juicio por jurados, en enero del 2018.
Ahora se esperará una próxima sesión, el 20 de noviembre, para el tratamiento en segunda vuelta y su sanción definitiva.
CMFRN
El Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro es una Institución Civil sin fines de lucro que representa a las cuatro circunscripciones judiciales, con el objetivo de funcionar como agrupación para defender cualquier situación que los asociados sientan que solos no han podido resolver. Su inicio se remonta al año 1968 oportunidad en que el Colegio consiguió su personería jurídica. El 2 de Junio del año 1970 redactaron el Acta n° 1 dando origen a una historia de más de 40 años al servicio de las necesidades de los asociados de toda la provincia de Río Negro.
En su estatuto se enumeran como fines del Colegio, promover la plena vigencia de los derechos humanos en el marco de lo establecido en la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Río Negro, como asimismo defender la independencia de la función judicial.
Se agradece su difusión
Juez Héctor Leguizamón Pondal, Presidente del CMFRN
Juez Marcos Burgos, Secretario de Prensa del CMFRN
Comunicado de prensa
COLEGIO DE MAGISTRADOS DE RIO NEGRO DESTACA LA APROBACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL
El Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro (CMFRN) manifiesta públicamente el acompañamiento a la decisión de los legisladores provinciales de aprobar en primera vuelta la anhelada Reforma Procesal Penal.
En éste sentido, el presidente del Colegio, Héctor Leguizamón Pondal, expresó que “el pasado miércoles junto al miembro del Consejo Directivo, Marcos Burgos, participaron en la comisión legislativa de Asuntos Constitucionales obedeciendo a una invitación de la presidente de la misma, Tania Lastra, a raíz de una serie de encuentros que se han ido manteniendo a lo largo de éste año para lograr la reforma definitiva del Código Procesal Penal”.
En cuanto a la aprobación, mencionó que “se trata del tramo final, luego de 15 años de gestión del Colegio de Magistrados el cual en octubre del año 1999 organizó, gestó y concluyó en la necesidad de la Reforma integral; no obstante haber integrado la comisión redactora para elaboración del Código, solo se logró en el año 2004 los institutos de juicio abreviado y criterios de oportunidad”.
Asimismo, el presidente del Colegio, destacó que “la importancia de la Reforma es que sincera el Sistema Procesal Penal con las mandas constitucionales, implementa el juicio por jurado y pone en vigencia el sistema acusatorio”.
Por último, Leguizamón Pondal, valoró que en el proceso del tratamiento de la Reforma se ha integrado al Colegio al debate particular del articulado.
La Legislatura trató la reforma del Código Procesal Penal provincial el pasado jueves 30. La norma que fue tratada en general en diciembre del año pasado fue votada particular en primera vuelta y necesita del tratamiento definitivo en quince días más.
El debate legislativo se centralizó en los artículos referidos al juicio por jurados, los roles que desempeñarán fiscales y jueces, la agencia de investigaciones penales (AIP) y la duración del procedimiento, que además contempla los plazos para los delitos cometidos por funcionarios públicos, además de ello se trató la incumbencia e integración de los Foros de Jueces.
El nuevo código entrará en vigencia en marzo del 2017 y el juicio por jurados, en enero del 2018.
Ahora se esperará una próxima sesión, el 20 de noviembre, para el tratamiento en segunda vuelta y su sanción definitiva.
CMFRN
El Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro es una Institución Civil sin fines de lucro que representa a las cuatro circunscripciones judiciales, con el objetivo de funcionar como agrupación para defender cualquier situación que los asociados sientan que solos no han podido resolver. Su inicio se remonta al año 1968 oportunidad en que el Colegio consiguió su personería jurídica. El 2 de Junio del año 1970 redactaron el Acta n° 1 dando origen a una historia de más de 40 años al servicio de las necesidades de los asociados de toda la provincia de Río Negro.
En su estatuto se enumeran como fines del Colegio, promover la plena vigencia de los derechos humanos en el marco de lo establecido en la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Río Negro, como asimismo defender la independencia de la función judicial.
Se agradece su difusión
Juez Héctor Leguizamón Pondal, Presidente del CMFRN
Juez Marcos Burgos, Secretario de Prensa del CMFRN
Legislatura dispuso recuperar 32 has. de El Bolsón
Se trata de tierras que fueron adquiridas por un precio irrisorio por un particular durante el gobierno anterior. El acto generó una causa judicial. La Legislatura solicitó al Ejecutivo que transfiera esas tierras a la Municipalidad de El Bolsón y se utilice para la construcción de viviendas sociales.
La Legislatura de Río Negro aprobó por mayoría -y en segunda vuelta- “dejar sin efecto los actos administrativos de la Dirección de Tierras de la Provincia” número 176 del año1997; el 109 y 532, ambos del año 2006, “así como todos aquellos actos dictados en consecuencia”.
Se trata de 32 hectáreas de inmenso valor ambiental, económico y social, ubicadas en cercanías de El Bolsón, que en su momento se autorizó su venta en la irrisoria suma de 837 pesos la hectárea.
El presidente de la Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales, César Miguel (Frente para la Victoria “Néstor Kirchner”), resaltó que “la ley aprobada retrotrae la fraudulenta transmisión que se hiciera sobre tierras fiscales y devuelve al patrimonio del fisco 32 hectáreas para que sean entregadas a la Municipalidad de El Bolsón para desarrollar planes de viviendas social, que den respuesta a la gran demanda, como así también darles un destino educativo, productivo y de desarrollo sustentable ”.
El propio articulado de la norma establece que el Poder Ejecutivo, “a través del organismo competente que estime corresponder, realice todos los actos conducentes para la toma de la posesión del inmueble, así como todos aquellos inherentes a la regularización de la situación jurídica resultante de dicha medida a fin de que dicha parcela sea inscripta a nombre de la Municipalidad de El Bolsón con destino a planes de viviendas sociales de esa localidad”.FTE: B2000.
Se trata de 32 hectáreas de inmenso valor ambiental, económico y social, ubicadas en cercanías de El Bolsón, que en su momento se autorizó su venta en la irrisoria suma de 837 pesos la hectárea.
El presidente de la Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales, César Miguel (Frente para la Victoria “Néstor Kirchner”), resaltó que “la ley aprobada retrotrae la fraudulenta transmisión que se hiciera sobre tierras fiscales y devuelve al patrimonio del fisco 32 hectáreas para que sean entregadas a la Municipalidad de El Bolsón para desarrollar planes de viviendas social, que den respuesta a la gran demanda, como así también darles un destino educativo, productivo y de desarrollo sustentable ”.
El propio articulado de la norma establece que el Poder Ejecutivo, “a través del organismo competente que estime corresponder, realice todos los actos conducentes para la toma de la posesión del inmueble, así como todos aquellos inherentes a la regularización de la situación jurídica resultante de dicha medida a fin de que dicha parcela sea inscripta a nombre de la Municipalidad de El Bolsón con destino a planes de viviendas sociales de esa localidad”.FTE: B2000.
renuncia
A los miembros del Concejo Local de Seguridad Ciudadana. Por la presente debo informar que me veo obligado a renunciar al Consejo Local de Seguridad Ciudadana que conformaba como integrante de la junta vecinal del Barrio Valle Nuevo, los motivos son los siguientes:
1. El documento firmado y emitido por el Sr. Presidente Ricardo García correspondiente a la reunión con el tema "TOMAS Y USURPACIONES" del día miércoles 1 de octubre 2014 del citado órgano, no obedece a lo resumido por el moderador Sr. Leandro Romairone al momento de culminación de la reunión, principalmente veo las siguientes diferencias:
a) No se menciona el investigar el estado en que se encuentran las Áreas del Estado competentes que tienen la facultad de controlar las tomas (participación que tuve, y que mencionó el moderador en el resumen final), estas son: La Gerencia del Catastro Provincial, la Dirección de Tierras y Colonias y la Dirección de Catastro Municipal.
Facultades que están establecidas en leyes y ordenanzas en las que se estipulan los procedimientos para las inspecciones y el ejercicio del poder de policía. Para ampliar y que se entienda mencionare la ley provincial N° LEY 3.483 del REGIMEN DE CATASTRO PROVINCIAL en su Capítulo 1 Finalidades del Catastro Territorial en su punto inciso -f- dice “Ejercer el poder de policía inmobiliario catastral.” y en su inciso -i- dice “Realizar inspecciones con el objeto de practicar censos y encuestas, verificar infracciones o con cualquier otro objeto acorde con las finalidades de esta ley”. En tanto la Ley N°279 (Ley de Tierras) en el Art. 18 de su capítulo quinto “Del Servicio de Tierras y Colonias” dentro de las competencias manifiesta en su inciso -e-: “Ejercer la policía de la tierra fiscal, impidiendo su ocupación indebida y ejecutando los desalojos que procedan, de acuerdo al régimen de esta ley, pudiendo recabar el auxilio de la
fuerza pública”.
Como rol semejante que tiene la Dirección de Catastro de la Municipalidad de El Bolsón dentro del radio urbano y todo su ejido, estando reguladas por las ordenanzas N°108/92 que nos define el código de la tierra fiscal municipal complementada con la ordenanza N°100/96, también la N°039/08 de regularización de la tierra fiscal y la N°031/11 que describe los requisitos en las adjudicaciones.
Es evidente que al no mencionar este punto y por ende no hablar de ello se estaría auto inculpando.
Es imperioso hacer notar que el Catastro Municipal recibe los oficios judiciales solicitando datos sobre la ubicación, nomenclatura, ocupantes o propietarios entre otros datos valiosos, como así también el Catastro Municipal debe elaborar las actas de infracción para que intervenga el Juzgado de Faltas, un circuito que debería estar aceitado para hacer justicia en forma rápida y efectiva en los desalojos.
b) El documento emitido alude a la colaboración de instituciones cuando dice “APOYAR MASIVAMENTE DESDE LAS INSTITUCIONES Y ENTIDADES COMUNITARIAS, AL PODER EJECUTIVO EN LA GESTIÓN DE LAS TIERRAS “DE GENDARMERÍA”; AL IGUAL QUE EN OTRAS GESTIONES SIMILARES POR SUELO URBANIZABLE, INCLUIDAS LAS POSIBILIDADES DE EXPROPIACIÓN” eludiendo en cierta forma la responsabilidad como principal actor y por ende consolidando lo expuesto en el punto “a”. La Secretaria de Planeamiento y el Catastro Municipal son las áreas que se deberían ocupar en la gestión, seguimiento de los trámites, mensuras, registros e inscripciones de las tierras que se quieran obtener, porque poseen los conocimientos y las técnicas necesarias para arribar con éxito, y NO GOBIERNO o ACCIÓN SOCIAL como viene pasando.
2. La única vez que fue invitada la junta vecinal del Barrio Valle Nuevo fue para la conformación del Comité de Seguridad nunca más fue invitada ni hemos recibido ningún email, siendo una falta de respeto. Llama la atención ya que nuestro barrio fue uno de los más castigados en materia de asaltos en los últimos 3 años y hemos recurrido al ejecutivo y a la policía en muchas oportunidades.
Sin otro particular los saludo atte.-
Mario Mastroianni
Secretario Junta Vecinal
Barrio Valle Nuevo – El Bolsón
DNI 22.500.460
1. El documento firmado y emitido por el Sr. Presidente Ricardo García correspondiente a la reunión con el tema "TOMAS Y USURPACIONES" del día miércoles 1 de octubre 2014 del citado órgano, no obedece a lo resumido por el moderador Sr. Leandro Romairone al momento de culminación de la reunión, principalmente veo las siguientes diferencias:
a) No se menciona el investigar el estado en que se encuentran las Áreas del Estado competentes que tienen la facultad de controlar las tomas (participación que tuve, y que mencionó el moderador en el resumen final), estas son: La Gerencia del Catastro Provincial, la Dirección de Tierras y Colonias y la Dirección de Catastro Municipal.
Facultades que están establecidas en leyes y ordenanzas en las que se estipulan los procedimientos para las inspecciones y el ejercicio del poder de policía. Para ampliar y que se entienda mencionare la ley provincial N° LEY 3.483 del REGIMEN DE CATASTRO PROVINCIAL en su Capítulo 1 Finalidades del Catastro Territorial en su punto inciso -f- dice “Ejercer el poder de policía inmobiliario catastral.” y en su inciso -i- dice “Realizar inspecciones con el objeto de practicar censos y encuestas, verificar infracciones o con cualquier otro objeto acorde con las finalidades de esta ley”. En tanto la Ley N°279 (Ley de Tierras) en el Art. 18 de su capítulo quinto “Del Servicio de Tierras y Colonias” dentro de las competencias manifiesta en su inciso -e-: “Ejercer la policía de la tierra fiscal, impidiendo su ocupación indebida y ejecutando los desalojos que procedan, de acuerdo al régimen de esta ley, pudiendo recabar el auxilio de la
fuerza pública”.
Como rol semejante que tiene la Dirección de Catastro de la Municipalidad de El Bolsón dentro del radio urbano y todo su ejido, estando reguladas por las ordenanzas N°108/92 que nos define el código de la tierra fiscal municipal complementada con la ordenanza N°100/96, también la N°039/08 de regularización de la tierra fiscal y la N°031/11 que describe los requisitos en las adjudicaciones.
Es evidente que al no mencionar este punto y por ende no hablar de ello se estaría auto inculpando.
Es imperioso hacer notar que el Catastro Municipal recibe los oficios judiciales solicitando datos sobre la ubicación, nomenclatura, ocupantes o propietarios entre otros datos valiosos, como así también el Catastro Municipal debe elaborar las actas de infracción para que intervenga el Juzgado de Faltas, un circuito que debería estar aceitado para hacer justicia en forma rápida y efectiva en los desalojos.
b) El documento emitido alude a la colaboración de instituciones cuando dice “APOYAR MASIVAMENTE DESDE LAS INSTITUCIONES Y ENTIDADES COMUNITARIAS, AL PODER EJECUTIVO EN LA GESTIÓN DE LAS TIERRAS “DE GENDARMERÍA”; AL IGUAL QUE EN OTRAS GESTIONES SIMILARES POR SUELO URBANIZABLE, INCLUIDAS LAS POSIBILIDADES DE EXPROPIACIÓN” eludiendo en cierta forma la responsabilidad como principal actor y por ende consolidando lo expuesto en el punto “a”. La Secretaria de Planeamiento y el Catastro Municipal son las áreas que se deberían ocupar en la gestión, seguimiento de los trámites, mensuras, registros e inscripciones de las tierras que se quieran obtener, porque poseen los conocimientos y las técnicas necesarias para arribar con éxito, y NO GOBIERNO o ACCIÓN SOCIAL como viene pasando.
2. La única vez que fue invitada la junta vecinal del Barrio Valle Nuevo fue para la conformación del Comité de Seguridad nunca más fue invitada ni hemos recibido ningún email, siendo una falta de respeto. Llama la atención ya que nuestro barrio fue uno de los más castigados en materia de asaltos en los últimos 3 años y hemos recurrido al ejecutivo y a la policía en muchas oportunidades.
Sin otro particular los saludo atte.-
Mario Mastroianni
Secretario Junta Vecinal
Barrio Valle Nuevo – El Bolsón
DNI 22.500.460
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